Este martes 9 de julio, Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para cumplir con su indagatoria por señalamientos de narcotráfico. De no hacerlo, el exlíder de la guerrilla de las Farc, que cumple casi una semana desaparecido, enfrentaría consecuencias judiciales.
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Muchas conjeturas rodean la desaparición de Santrich, que dejó su esquema de seguridad el pasado sábado 29 de junio. Algunos medios colombianos han reportado que el exguerrillero huyó de Colombia hacia Venezuela, otros dicen que se fue a hablar con Iván Márquez, otro antiguo líder de la guerrilla que se encuentra en la clandestinidad. Ninguna de esas versiones ha sido confirmada.
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Lo cierto es que la desaparición tensiona aún más el proceso judicial que enfrenta y el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. El caso es representativo porque es el primer alto miembro de las Farc acusado de reincidir en delitos luego de la firma del acuerdo y en ser pedido en extradición por Estados Unidos. Es acusado de intentar traficar 10 toneladas de cocaína hacia ese país en una fecha posterior a la firma de la paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha cargado con gran parte de la presión política y judicial que ha generado el caso. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en su extradición y el presidente Iván Duque lo califica de “mafioso”, el partido Farc afirma que se trata de un montaje judicial e insiste en su inocencia.
Poco después de la captura de Santrich, en abril de 2018, la JEP quedó facultada para solicitar las pruebas que decía tener la justicia estadounidense en contra del exguerrillero para determinar si el crimen se había cometido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Estados Unidos se negó a remitirlas y aseguró que con el documento de acusación era suficiente.
En mayo de 2019, la Jurisdicción Especial decidió aplicar la garantía de no extradición, una medida que dejaba en libertad a Santrich. La decisión provocó la intempestiva renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien argumentó razones éticas que no le permitían cumplir la orden de la JEP.
La excarcelación demoró casi dos días en hacerse efectiva y pocos segundos después de que Santrich fuera liberado de la prisión de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, agentes del CTI de la Fiscalía lo recapturaron. Los momentos de confusión solo fueron acrecentados por el previo intento de suicidio de Santrich. Pocas horas antes de su liberación se cortó las venas con una cuchilla de afeitar al creer que lo extraditarían.
Santrich fue llevado al Búnker de la Fiscalía. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema anuló la legalidad de la recaptura y ordenó su inmediata libertad. Esta decisión lo facultó para asumir su curul en la Cámara de Representantes.
La medida fue celebrada con gritos y aplausos en la sede del partido Farc. En la primera rueda de prensa después de su liberación, Seuxis Pausias respondió a las insistentes preguntas de periodistas sobre si huiría o se quedaría para darle la cara a la justicia. Con un movimiento histriónico, Santrich se levantó de su silla, extendió ambos brazos y exclamó “¡Aquí estoy!”, dando a entender que no escaparía.
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El 11 de junio, aún con una indagatoria por narcotráfico en curso, Santrich se posesionó en la Cámara de Representantes en un evento discreto, sin prensa y con pocos testigos directos. Pero las fotos y videos no tardaron en circular por redes sociales y llegar a los medios de comunicación. El contragolpe político no se hizo esperar.
El caso llegó a dividir hasta a los sectores políticos que se habían unido para hacerle oposición al Gobierno de Iván Duque desde el Congreso. El Partido Verde, que ha defendido lo pactado en La Habana, se pronunció abiertamente en contra de la presencia de Santrich en el legislativo. La colectividad, con 18 miembros en el Congreso, usó el lema “defendemos la paz, no a Santrich”. Sectores de izquierda los señalaron de “hipócritas” e “inconsistentes”, afirmando que la posesión del exguerrillero era un cumplimiento al Acuerdo de Paz.
La oposición entre quienes están en contra del acuerdo fue aún más férrea. La primera comisión a la que asistió el exlíder guerrillero fue levantada luego de que una congresista del Centro Democrático, Jennifer Arias, se parara de su silla y entre lágrimas exclamara que no podía continuar mientras Santrich estuviera en la sala. “No soy capaz de estar sentada acá, al menos el día de hoy, con una persona que asesinó a un miembro de mi familia”, dijo. Otros miembros de la comisión secundaron la moción y la sesión fue levantada.
El costo político del caso Santrich para el partido Farc
El partido Farc ha hecho una férrea defensa de su compañero desde que fue detenido. Sus líderes no se cansaron de pedir su libertad mientras estuvo en la cárcel y exigieron su posesión, a pesar del costo político que implica promover como congresista a una persona señalada de narcotráfico.
Ahora la dirigencia de ese partido no está segura de que Santrich comparezca ante la corte, como lo prometió. "Santrich salió, no sabemos dónde está. No está con su esquema de seguridad", le dijo Griselda Lobo, senadora por el partido Farc, a la Agencia Anadolu. Añadió que es muy difícil saber cómo actuará.
Si Santrich no se presenta ante la corte, el joven partido Farc, que solo logró el 0,34% de lo votos en su pasado intento electoral, podría enfrentar aún más escarnio público. Todo esto a pocos meses de que se realicen elecciones locales en Colombia.
El partido Farc se ha defendido diciendo que no sabía que Santrich iba a desaparecer y resalta la importancia de continuar poniendo en marcha lo pactado en La Habana. Griselda Lobo, también conocida como ´Sandra Ramírez´, afirma que el proyecto de país que se acordó es mucho más grande que la actuación de un solo individuo. "El partido tiene una línea y ha decidido que si uno de nosotros actúa por fuera de la línea, el partido no responderá por las actuaciones de esa persona", dijo la congresista.
Pero el caso también ha hecho mella en la unidad interna de Farc. La detención de Santrich fue una de las razones que presentaron Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’, para volver a la clandestinidad. Sin embargo, su liberación no ha provocado su retorno.
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En cambio, el proceso contra Santrich, y su reciente desaparición, fortaleció y brindó munición política a los que se oponen al proceso de paz. El caso ha sido utilizado por diversos sectores políticos y sociales, incluyendo el Centro Democrático, para promover cambios a la estructura de la JEP.
El pasado 13 de junio, la Registraduría de Colombia aprobó que se realice un referendo ciudadano que busca acabar con la Justicia Especial para la Paz, remover a los magistrados de las Altas Cortes y reducir el número de congresistas a la mitad. La iniciativa es promovida por el “Movimiento Libertad y Orden”, liderado por el periodista Herbin Hoyos.
Por Susana Patricia Noguera Montoya
