Desde tiempos inmemoriales, las personas han migrado en busca de alimentos, mejores condiciones del clima, impulsados por factores medioambientales, económicos y en los últimos siglos para huir de las guerras y la persecución.
Pero en los últimos años la migración, definida como el desplazamiento de un país o lugar a otro, se ha dado en masa y en muy corto tiempo. Esto ha generado no solo una fuerte presión sobre los Estados receptores sino nuevos retos en la política migratoria.
Según estimaciones de la ONU, el número de migrantes internacionales en 2019 llegó a los 272 millones, 51 millones más que en 2010. En el año 2000, cerca del 2,8% de la población mundial se encontraba en esta condición mientras que en 2019 esta cifra se elevó al 3,5%, lo que significa que “el número de migrantes internacionales ha crecido más rápidamente que la población mundial”, señala la ONU.
De los más de 272 millones de migrantes, según la ONU, la mitad vive en 10 países: EEUU (51 millones de personas); Alemania y Arabia Saudita (13 millones cada uno), Rusia (12 millones), Reino Unido (10 millones), Emiratos Árabes Unidos (9 millones), Francia, Canadá y Australia (8 millones cada uno) e Italia (6 millones). Europa sigue siendo el continente con mayor número de migrantes, con 82 millones.
La mayoría de los migrantes proviene de la India (18 millones); seguida por México (12 millones), China (11 millones), Rusia (10 millones) y Siria (8 millones), estima la ONU.
Ante este panorama, la directora del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de Los Andes, Carolina Moreno Velásquez, reitera que un país que recibe migrantes debe tener políticas claras no solo para atender de manera inmediata la población sino para la integración definitiva de estas personas.
El país receptor debe “entender la migración como una que viene a quedarse, que tiene un proyecto de vida, que tiene una expectativa y que incluso en el escenario en el cual su país de origen cambie la situación que impulsó a salir a estas personas, cuando migran tienen una expectativa de quedarse”, explica Moreno.
La primera necesidad, señala Moreno, es "solucionar mecanismos de regularización migratoria para que las personas no se queden al margen, sino que puedan ingresar a la vida laboral, crear empresas, pagar impuestos, ingresar a la seguridad social y la vida escolar”, destaca la experta, quien reitera la necesidad de fortalecer los sistemas de asilo y refugio.
En segundo lugar, los Estados deberán reconocer que muchas de esas personas vienen a quedarse y hay que buscar mecanismos para que puedan incluirse socialmente y empezar a contribuir con el desarrollo de la sociedad. “Sería en esos dos sentidos, regularización y mecanismos de incorporación de inclusión social”, señala Moreno.
Opinión que comparte Giuseppe Kodjack VII Gangi Guillén, director del Máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional de la Universidad Antonio Nebrija en Madrid, España, quien señala que al promover la regularización de los migrantes al Estado destino, se obtendrían beneficios económicos dada una nueva fuerza laboral que tributa, cotiza seguridad social y no el incremento de un sector de la población que ya tienen los países en condiciones irregulares y con pocos beneficios.
Y es que muchos de los migrantes no cuentan con la documentación que requiere la ley para estar en un país determinado. Una de las causas ha sido el aumento en la migración forzada registrada en los últimos años, millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares debido a la guerra, la violencia, la persecución y otras emergencias.
Según datos de la ONU, para el 2020 unos 79,5 millones de personas se encontraban desplazadas, “45,7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países, 4,2 millones esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras que 29,6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país”.
“Tenemos que decir: el migrante ya está aquí. ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo sé dónde está? Dotándoles de una condición que permita su control. Hay que otorgar y esto va en contra de muchas normas jurídicas, la condición de reconocimiento de protección internacional a los migrantes, reconocerlo, ubicarlo, saber dónde va a estar y qué funciones puede desempeñar”, destaca Giuseppe Gangi.
Migrantes climáticos
Uno de los retos que deberán enfrentar en la próxima década gira en torno a los migrantes climáticos o desplazados por razones medioambientales. El Convenio de Ginebra de 1951 no considera las razones medioambientales dentro de las circunstancias que dan motivo al estatus de refugiado.
Un informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un grupo de expertos que produce índices anuales de terrorismo y paz, indicó que para el 2050 unas 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas de sus hogares debido a la crisis climática, lo que podría impulsar una masiva migración forzada.
Según el instituto, la situación es peor debido a que en la actualidad más de 2.600 millones de personas enfrentan un estrés hídrico, cifra que podría llegar a 5.400 millones de personas en 2040, debido a que esta población vivirá en zonas que no tendrán suficiente agua para sus necesidades o que su suministro de agua estará en riesgo de interrupción.
Un panorama que no solo enfrentará a los Estados ante nuevos y crecientes retos sino a implementar y adoptar nuevas medidas, incluyendo políticas migratorias.
Carolina Moreno destaca que hay que empezar a pensar en nuevos modelos que nos permitan entender esas nuevas formas de migración y cómo los Estados pueden mantener el esquema de refugiar y asilar a las personas que tienen que huir de sus países por razones climáticas.
“Hay que pensar en escenarios que den protección internacional a las personas que por razones ambientales han tenido que dejar sus hogares (…). Estas personas se quedan en el peor escenario, muchas veces se quedan dentro de su territorio, no logran siquiera pasar frontera y de esta forma tienen la figura de desplazados internos que el propio país tiene que acoger y cuando logran cruzar la frontera, llegan como simples migrantes y no como solicitantes de refugio”, concluye Moreno.
Sin embargo, Gangi destaca un reto importante en este tema. Según el experto, cifras del Instituto Nacional de Estadística de España indican que es común que los solicitantes de protección internacional expresen, como es de esperar, ser objetos de persecución política por sus ideologías, entre otras, pese a que existen casos de migración forzada por causas ambientales.
“En Internet accedemos a cualquier cantidad de información; claramente aquellos que podemos, apreciamos la velocidad, frecuencia y resultados de las solicitudes, figuras y motivos de protección internacional; los motivos medioambientales no tienen la misma frecuencia desde el punto de vista migratorio”, advierte el académico, que asegura que se ha vuelto mecánica la solicitud de figura de protección internacional clásica.
“Observemos por otra parte los daños generados a la biodiversidad de la faja petrolífera del Orinoco, es un desplazamiento y deterioro ambiental debido a la destrucción masiva del ecosistema por mano del hombre, pero el desplazamiento de sus habitantes señala motivos vinculados a seguridad de núcleo familiar, razones sociales, culturales, políticos etcétera, pero difícilmente por motivos ambientales”, concluye.
Por: Agencia Anadolu
