La principal preocupación de Latinoamérica será volver a la nueva normalidad mientras se combate a la pandemia. Los retos son muy serios porque el estancamiento económico, el descontento popular y el descrédito de la clase política no han dado tregua en este 2021 que da sus últimos coletazos.
En el plano macroeconómico, la región ha recuperado el crecimiento perdido en 2020, pero en 2022 la recuperación será bastante lenta y las previsiones para el año que está a punto de arrancar hablan de un magro 2,8 por ciento de crecimiento, muy por debajo de lo necesario.
Chile, nuevo gobierno y constitución
En el plano político, la tendencia en Latinoamérica ha sido la de votar anti-incumbente, es decir, contra el partido o la persona que ostenta el poder. Esa predisposición sociopolítica quedó confirmada en el resultado de las recientes elecciones presidenciales chilenas, donde ganó, en primera vuelta, el candidato de izquierdas Gabriel Boric, aunque el actual jefe del Estado, Sebastián Piñera, es de derecha.
Chile se enfrentará a un año complejo y muy interesante. Boric y el Parlamento cohabitarán con una Convención Constituyente elegida en mayo pasado para escribir una nueva Constitución, como consecuencia del estallido social ocurrido en 2019, que exigió renovar el neoliberalismo imperante.
La Convención tiene hasta julio para negociar el borrador constitucional que será sometido a un referéndum popular. La izquierda está bien situada entre los 155 miembros de la asamblea, lo que hace presagiar que el articulado final de la nueva Ley de Leyes dará más competencias al Estado en materia de pensiones y salud. Si eso ocurriera, la Carta Magna se convertiría en el prototipo del contrato social que algunos países latinoamericanos tanto ansían. En los cuatro primeros meses de 2022 veremos el alcance de las reformas en materia de derechos sociales.
Elecciones
Costa Rica y Colombia, entre otros Estados, acudirán a las urnas en el primer semestre de 2022, pero las elecciones que más atención mediática y sociopolítica han despertado son las de Brasil, fijadas para el mes de octubre (el día 2 la primera vuelta; el 30, la segunda).
Dos grandes figuras emergen como posibles competidores. En un lado del cuadrilátero, el actual presidente Jair Bolsonaro, representante de las derechas; en el otro, Luiz Inácio Lula da Silva, líder indiscutible de las izquierdas. Los últimos sondeos demoscópicos le dan a Lula una holgada diferencia de casi 30 puntos porcentuales.
Los datos de la empresa Inteligencia em Pesquisa e Consultoria (IPEC) muestran que el 48 por ciento de los encuestados votaría a Lula, como es conocido el que fuera presidente entre 2003 y 2010, frente al 21 por ciento a Bolsonaro.
Sergio Moro, el exjuez anticorrupción que ayudó a meter en la cárcel a Lula antes de unirse a la Administración de Bolsonaro para luego caer en desgracia, es el tercero con el 6 por ciento de intención de voto. Con esta correlación de fuerzas, podría darse el caso de que Lula no necesite el balotaje para que le coloquen la ansiada banda presidencial.
Sin embargo, surge una pregunta nada desdeñable. ¿Qué pasaría si Bolsonaro decidiera retirarse de la competición? Su situación no es nada cómoda. No sólo porque las encuestas no le son favorables, sino porque ya está bajo investigación del Tribunal Supremo y mucha gente pide en las calles que se abra un proceso de destitución política en contra de él.
Bolsonaro en la mira
Con el apoyo de parte de los congresistas, Bolsonaro podría caer en la tentación de echarse a un lado para evitar las investigaciones después de su mandato. Eso abriría los comicios de par en par e incluso supondría un importante revés para las opciones de Lula, quien necesita a su némesis para movilizar a los votantes, hastiados de la pandemia y la corrupción. Pero también sería una buena noticia porque el propio Bolsonaro, emulando a su modelo del norte, Donald Trump, dijo que no aceptaría un resultado que no le sea favorable.
Las elecciones son fundamentales no solo porque determinarán el nombre y apellidos del nuevo jefe del Estado sino también porque supondrán una prueba de fuego para las instituciones brasileñas seriamente debilitadas. El enfrentamiento entre Bolsonaro y el Tribunal Supremo ha alcanzado cotas realmente preocupantes y propicia el estallido de una crisis constitucional que podría bloquear el funcionamiento del país-continente.
El Supremo tiene abiertas investigaciones contra él por varios motivos, la mayoría de ellos relacionados con su muy discutible gestión de la lucha contra la pandemia. De hecho, una comisión del Senado pidió en octubre que sea procesado por "crímenes contra la Humanidad" al afirmar que dejó intencionalmente que el coronavirus arrasara el país y matara a cientos de miles de personas en un intento fallido de lograr inmunidad de rebaño y reactivar la mayor economía de América Latina.
"El presidente incentivó en forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de máscaras, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las vacunas", decía el informe de la comisión del Senado.
Bolsonaro no deja a nadie indiferente. Acostumbra a hacer comentarios muy desafortunados e incluso tóxicos a través de las redes sociales. El último de ellos resultó ser la divulgación de una noticia falsa que relacionaba la vacuna anti-covid con la enfermedad del sida.
Hasta el momento todas estas denuncias no han llegado muy lejos porque las investigaciones deben pasar por las manos del fiscal general, Augusto Aras, considerado un aliado de Bolsonaro. Y en el segundo filtro, la Cámara de Diputados, los bolsonaristas disponen de los suficientes votos para bloquear una moción de destitución que necesitaría dos tercios de los diputados para prosperar.
La campaña electoral será muy tensa y bronca. Bolsonaro parece dispuesto a no aceptar la derrota. "Quien me puso aquí fue Dios y sólo él puede sacarme de aquí", llegó a manifestar en un mitin en septiembre. Sus partidarios quieren que se incluyan papeletas tradicionales en el sistema electoral electrónico, porque Bolsonaro denuncia, sin aportar pruebas, que es fraudulento. También favorecen una "intervención militar" para cerrar el Supremo.
