La justicia peruana reanudó este lunes un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Sanidad, Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, y otros tres exfuncionarios de salud acusados de ser coautores de delitos de esterilizaciones forzosas de miles de mujeres pobres, incluidas indígenas, entre 1996 y 2000.
En dicha época, miles de mujeres y hombres fueron esterilizados a través de una estrategia para reducir la tasa de natalidad en indígenas y habitantes pobres de áreas rurales del país.
Por estos procedimientos quirúrgicos, realizados sin rigurosidad médica, preparación previa o seguimiento, murieron 18 mujeres, cinco por graves lesiones causadas directamente por la intervención.
En una audiencia pública virtual, dirigida por el magistrado Rafael Martínez, el fiscal Pablo Espinoza continuó con la presentación de cargos contra el exmandatario y los exministros por los delitos de lesiones graves seguido de muerte contra 5 mujeres y por lesiones graves contra 1.300 agraviadas, según detalló el medio local RPP.
"Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, afirmó el fiscal.
Espinoza aseguró que los exfuncionarios “jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño” causado.
Además, presentó el testimonio de una mujer identificada como Enriqueta Huancahuay Villega que fue víctima de esterilización forzada en 1997, cuando tenía 19 años, en un centro médico de una localidad llamada Condormarca (en la región de Cusco) cuando iba a vacunar a su bebé.
“Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos -contó el fiscal-. Señala que no entendía en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura”, dice el relato.
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Según la Fiscalía, el expresidente y sus antiguos funcionarios ordenaron dichos procedimientos para “reducir la pobreza”.
Fujimori, que ya cumple una condena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, no estuvo presente en la audiencia. En cambio, fue representado por su abogado César Nakazaki.
La cita judicial, que duró unas cinco horas, contó con la participación de la mayoría de los acusados con sus abogados, y de algunas de las víctimas con sus defensas e intérpretes del quechua, pues muchas son indígenas y no hablan bien el español.
La audiencia de presentación de cargos continuará este martes 2 de marzo, desde las 9:30 a.m. (hora local).