Jair Bolsonaro se convirtió este viernes en el tercer expresidente brasileño que es inhabilitado para disputar cargos electivos o ejercer cargos públicos, después de ser condenado en la Justicia electoral por abusos de poder en los comicios de 2022.
Con esa decisión y a falta de agotar todos los recursos, el líder ultraderechista, de 68 años, no podrá disputar ninguna elección durante los próximos ocho años.
El Tribunal Superior Electoral, por 5 votos a favor y 2 votos en contra, le condenó por valerse de su posición de jefe de Estado (2019-2022) "para degradar el ambiente electoral" y crear un estado de "paranoia colectiva" con "informaciones falsas" y "mentiras atroces".
Bolsonaro se suma así a otros dos exjefes de Estado brasileños que también fueron despojados en algún momento de sus derechos políticos desde el restablecimiento de la democracia, en 1985.
El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también fue declarado inelegible, pero por un motivo distinto.
En 2018, el dirigente progresista fue condenado en segunda instancia a 12 años y 1 mes de cárcel por un caso de corrupción.
Esa sentencia le encuadró en la llamada "Ley de Ficha Limpia", que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos.
El Partido de los Trabajadores (PT) intentó postularle como candidato presidencial en los comicios de 2018, que ganaría Bolsonaro, pero la Justicia electoral rechazó su registro al estar condenado en un tribunal de apelación.
Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema anuló esa y otra condena por corrupción contra Lula, un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022, que ganaría ante Bolsonaro por un estrecho margen.
El otro expresidente inhabilitado fue Fernando Collor (1990-1992), quien durante su mandato fue acusado de participar en una trama corrupta, lo que desencadenó que el Congreso pusiera en marcha un juicio político con fines de destitución en su contra.
En un contexto de grave crisis económica, Collor renunció con el objetivo de evitar ser destituido por el Congreso y mantener sus derechos políticos, pero, pese a dejar la Presidencia, el Senado aprobó su inhabilitación durante ocho años.
En 2006 se presentó en las elecciones al Senado y consiguió un escaño por el estado de Alagoas.
En mayo pasado, el Supremo lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir sobornos entre 2010 y 2014, mientras ejercía como senador.
Collor espera en libertad la resolución de los recursos presentados por su defensa.
