Hasta el momento Israel es el único país que ha conseguido vacunar contra la COVID-19 a la mitad de su población, en un momento en el que las grandes potencias experimentan problemas en el proceso de vacunación. Esto se debe al robusto sistema sanitario del país hebreo y a su poder adquisitivo, el cual le permite pagar hasta USD 62 por dosis.
No obstante, la discriminación sanitaria categórica de la administración israelí hacia los palestinos hace sombra a este éxito relativo. Hasta el momento las autoridades israelíes solo han mandado 2.000 dosis a los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, la mayoría destinadas al personal sanitario.
Los palestinos con nacionalidad israelí y aquellos residentes en la ciudad de Jerusalén Este son los dos únicos grupos de palestinos que se han beneficiado hasta el día de hoy del programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel.
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Mientras tanto, los palestinos desplazados forzosamente tras las guerras de 1948 y 1967 y refugiados en diversos países vecinos como el Líbano, Jordania y Siria siguen a la espera de que los países que los acogen los incluyan en sus programas de vacunación o de la ayuda internacional.
Quedan los palestinos que viven en Cisjordania, fuertemente controlada por Israel, y Gaza, en donde las autoridades israelíes han vacunado a los 450.000 israelíes que allí residen pero no a los tres millones de palestinos que también viven en la zona.
Israel sostiene que la sanidad en los territorios ocupados es obligación de la administración palestina según el acuerdo de Oslo firmado en 1993. Sin embargo, la comunidad internacional rechaza este argumento.
Las Naciones Unidas aseguran que es obligación de Israel, como la parte que ocupa los territorios, vacunar a los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, según el convenio de Ginebra. Califica, además, la postura de Israel de inaceptable “legal y éticamente”.
Entre tanto, las autoridades palestinas aseguran que las partes deben repartirse las obligaciones en situaciones de epidemia, según el acuerdo de Oslo.
Otro grupo de palestinos motivo de controversia son aquellos que residen en Cisjordania pero que trabajan en Israel.
Esperando a que la administración palestina solicitase oficialmente las vacunas, Israel podría querer mostrar una imagen de una administración palestina incapaz de ayudar a sus propios ciudadanos y de esta manera reforzar su postura.
El acuerdo al que ambas partes se remiten omite los principales temas conflictivos como los asentamientos judíos y el regreso de los refugiados, y se limita a tratar temas superfluos con soluciones temporales. En ningún artículo del acuerdo se hace referencia al Estado de Palestina ni al derecho de los palestinos a decidir su futuro.
Queda claro que ante la ausencia de soluciones permanentes se generan nuevos damnificados como los palestinos durante el proceso de vacunación contra la COVID-19.
Luego de haber salido relativamente beneficiada de la primavera árabe, la administración israelí ha conseguido aumentar su influencia en la región gracias en parte a la normalización de sus relaciones con algunos países árabes.
Israel sigue sin desistir de su empeño en construir nuevos asentamiento judíos en Cisjordania en contra de todas las decisiones al respecto de organizaciones internacionales, lo que supone el mayor obstáculo por delante de una solución permanente al conflicto palestino israelí.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha conseguido permanecer en el poder a pesar de tres elecciones generales, acusaciones y juicios por corrupción y manifestaciones populares multitudinarias gracias a una base votante fija y una polarización política extrema en el país, e intenta cambiar su imagen apostando por una campaña de vacunaciones extensa.
La actitud de Israel hacia los palestinos va en contra del derecho universal, así como la ética. Aprovechándose de su posición superior, Israel ignora los derechos humanos básicos. Esta situación no beneficia a nadie en la región, mientras que los palestinos siguen siendo los más perjudicados. Sin la solución de dos estados es inevitable que el actual statu quo injusto genere nuevas crisis.
