En Estados Unidos, mucha gente condenada a muerte ha fallecido defendiendo su inocencia. En al menos una docena y media de casos, ha habido evidencias sólidas que confirman esas aseveraciones, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Sin embargo, hasta la fecha, no ha surgido ningún caso en el cual el ADN u otra evidencia haya sido una prueba definitiva de que el Estado ejecutara a una persona inocente.
Un caso como ese “podría acelerar el fin de la pena de muerte en Estados Unidos”, opinó Barry Scheck, fundador del Proyecto Inocencia. La semana pasada, Scheck hizo equipo con un prominente litigante conservador, Paul Clement, ex fiscal general bajo el mandato del presidente George W. Bush, ante la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee en nombre del patrimonio de un hombre de Tennessee, Sedley Alley, que fue ejecutado por un homicidio de 1985.
En la época del homicidio, las pruebas de ADN aún no eran parte de las investigaciones penales. Después de que se generalizó el uso de la tecnología, una corte estatal de apelaciones rechazó las solicitudes de Alley para que se hicieran pruebas en la ropa y otros artículos encontrados en la escena del crimen. En 2011, la Corte Suprema de Tennessee rechazó algunos de los argumentos que dio el tribunal de primera instancia en el caso de Alley. Sin embargo, el fallo llegó demasiado tarde para Alley. Fue ejecutado en 2006.
¿Se admitirán las pruebas de ADN que podrían demostrar la inocencia de Alley? De eso se trata este caso. En una noche de julio de 1985, Suzanne Collins, una cabo de 19 años del Cuerpo de Infantería de Marina, salió a correr alrededor de las diez y media de la noche afuera de la base naval donde vivía en el condado de Shelby, Tennessee. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente, desnudo y violentado. Cerca del cuerpo, había ropa que, según los investigadores, pertenecía al atacante, incluidos un par de calzones de hombre de color rojo.
Los investigadores de la Marina usaron el testimonio de dos marines que declararon haberse cruzado con Collins mientras iba corriendo. Dijeron que momentos después de haberla visto, esquivaron una furgoneta café con una placa de color azul, la cual venía de la ruta que Collins había tomado y viró bruscamente.
Después de la medianoche, oficiales del orden detuvieron a Sedley Alley, quien en aquel entonces tenía 29 años. Alley conducía una furgoneta verde oscuro con placas azules. Vivía en la base con su esposa, quien estaba en la Marina. Alley fue dado de baja del ejército años antes por el cargo de abuso de drogas y alcohol.
Cuando los investigadores comenzaron a interrogarlo, Alley, quien había bebido, dijo que no conocía a Collins y pidió un abogado. Sin embargo, doce horas más tarde, firmó una declaración en la que confesó el homicidio. La admisión de Alley, la cual luego aseguró que era falsa y había sido sacada por la fuerza, no coincidía con la evidencia física.
Alley dijo que había golpeado a Collins con su auto, luego la había apuñalado con un destornillador y la había asesinado con la rama de un árbol. No obstante, el lugar del choque que proporcionó no coincidió con los testimonios de los testigos. Además, la autopsia mostró que a Collins no la había golpeado un auto ni la habían apuñalado con un destornillador.
La sangre encontrada en la puerta del piloto de la furgoneta, en manchas pequeñas, era tipo O, la misma de Alley y Collins. No se encontraron huellas dactilares, pelo ni sangre de la víctima sobre Alley ni dentro de su auto. Las marcas de neumáticos encontradas en la escena del crimen no coincidían con las del auto de Alley, las huellas de los zapatos no coincidían con las de sus zapatos y un tercer testigo que vio a un hombre en una furgoneta cerca de donde fue asesinada Collins, describió a alguien que era varios centímetros más bajo que Alley, con un color de cabello diferente. A pesar de todo, Alley fue condenado y sentenciado a muerte.
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En los años posteriores a la sentencia de Alley, el uso de los análisis de ADN para la impartición de justicia se volvió cada vez más común e importante para resolver crímenes y también para cuestionar condenas pasadas (entre ellas, las basadas en confesiones falsas: desde 1989, 80 de unas 370 exoneraciones, de acuerdo con una base de datos creada por Brandon Garrett, profesor de Derecho de la Universidad de Duke). La evidencia de ADN también produjo la exoneración de 21 personas que habían sido sentenciadas a muerte, según el Proyecto Inocencia.
En 2001, Tennessee aprobó una ley que instruía de manera generalizada a sus tribunales a otorgar acceso a las pruebas de ADN si un demandante mostraba una “probabilidad razonable” de que no habría sido condenado si se hubieran tomado en cuenta los resultados del ADN. Alley y sus nuevos abogados pronto fueron a los tribunales a pedir un análisis de ADN de la evidencia de la escena del crimen. En parte, arguyeron que si se cotejaba esa evidencia con una base de datos pública, se podría identificar al verdadero asesino.
La corte de apelaciones de Tennessee rechazó la solicitud de Alley para hacer el análisis, bajo el argumento de que no había logrado establecer esa “probabilidad razonable”. La corte también rechazó el argumento de Alley para que el ADN de la escena del crimen fuera cotejado con una base de datos pública a fin de identificar al verdadero asesino.
En una interpretación extraña de la ley del ADN en Tennessee, la corte de apelaciones señaló que el alcance de la ley se limitaba a comparar el ADN del acusado con muestras de ropa y otras evidencias. Según la corte, los propósitos del análisis de ADN “deben ser independientes y no implicar una búsqueda especulativa a nivel nacional frente a la posibilidad de otro perpetrador”. En otras palabras, a Alley se le prohibió el acceso al análisis de ADN, aunque pudiera exonerarlo al identificar a alguien más como la persona que asesinó a Suzanne Collins.
Sedley Alley tenía una hija llamada April. Su madre murió cuando ella tenía 4 años y creció con sus abuelos maternos, distanciada de su padre. Cuanto tenía veintitantos años, April se puso en contacto con su padre en la cárcel y comenzó a visitarlo. Al principio, le preguntó si había matado a Collins.
“Le dije: ‘Solo quiero que seas sincero conmigo y me digas la verdad. No dejaré de venir a verte de todas maneras’”, me contó por teléfono esta semana. “Él me respondió: ‘April, si lo hice, no recuerdo haberlo hecho. Si se llega a demostrar con ADN que lo hice, no quiero pelear mi ejecución’”. Esa postura nunca flaqueó.
En 2006, Alley fue ejecutado con una inyección letal. En 2011, en otro caso en el que un hombre condenado solicitó una prueba de ADN, la Corte Suprema de Tennessee decretó que la ley de ADN del estado sí permite demostrar la inocencia mediante los resultados de las pruebas para identificar “al verdadero perpetrador del crimen”. La Corte Suprema de Tennessee se había equivocado al rechazar la petición de Sedley Alley para realizar las pruebas. A nivel nacional, gracias al cotejo de bases de datos de evidencias de ADN, se ha identificado el verdadero atacante en 139 exoneraciones, según el Proyecto Inocencia.
En 2019, una de las abogadas de Sedley Alley, Kelley Henry, tocó a la puerta de April Alley. Henry había confirmado un dato que le proporcionó el Proyecto Inocencia según el cual se sospechaba que un hombre que había sido arrestado por un homicidio y dos abusos sexuales en San Luis estaba relacionado con otros asesinatos… además de que poco antes de la muerte de Collins, se había inscrito en un curso de entrenamiento en la base naval donde también se capacitaba ella.
La información persuadió a April de renovar la petición para la prueba de ADN en el caso de su padre. April llegó a la conclusión de que, aunque no había podido salvar la vida de su padre, tal vez sí podía salvar su reputación. Como la representante del patrimonio de su padre, iba a ocupar su lugar, en términos legales. También sintió una responsabilidad más amplia: si el hombre arrestado en San Luis era culpable del asesinato de Collins, “entonces todas esas otras personas murieron o fueron perjudicadas cuando no tuvo que ser así”, me comentó.
La fiscal de distrito del condado de Shelby, Amy Weirich, se opuso a la solicitud de April para la prueba de ADN. Se rehusó a ofrecer comentarios cuando la llamé. Sin embargo, en un documento legal, la oficina del fiscal general de Tennessee arguyó que “los ataques a los fallos penales terminan con la muerte del prisionero”. El equipo legal de April, encabezado por Clement, Scheck y Stephen Ross Johnson, argumenta que es “inadmisible”, por la historia del caso, que los fiscales se opongan a la prueba de ADN “basándose únicamente en que ya habían ejecutado a Alley”.
El estado ganó el primer asalto cuando el juez de una corte estatal decretó que April no tenía la capacidad de demandar en nombre de su padre. El 3 de febrero, la oficina del fiscal general del estado defendió esa victoria frente a un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Tennessee. Andrew Coulam, el abogado del estado, enfatizó el “derecho del estado y el derecho de las víctimas” en las sentencias finales.
En defensa del patrimonio de Sedley Alley, Clement respondió que los intereses de las víctimas “no se satisfacen si la persona perjudicada ha sido ejecutada por un crimen y el verdadero perpetrador está libre”. Los jueces podrían aceptar la concepción de finalidad del estado o decidir que la prueba de ADN es la única manera de evitar que queden dudas para siempre en torno al asesino de Suzanne Collins y si Sedley Alley murió siendo un hombre inocente.
Por: Emily Bazelon
