La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, detenida desde marzo, publicó una carta este 20 de julio solicitando una audiencia con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, para poder probar su inocencia ante las acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración en medio de un supuesto 'golpe de Estado' en noviembre de 2019.
“Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Áñez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora”, se lee en el documento adjunto de la publicación hecha por Áñez.
La solicitud de la expresidenta se hizo con el objetivo de “demostrar documentalmente” los motivos por los que ella debería ser liberada y poder enfrentar de esa manera el proceso que se adelanta en su contra por acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración.
La exmandataria espera ser liberada y enfrentar el proceso en su contra “en respeto” de sus derechos humanos, argumentando que su salud corre riesgo.
“Sigue latente el peligro de que sufra un accidente cerebrovascular o paro cardiaco por el cuadro de hipertensión arterial que poseo”, destacó la política, y agregó que a causa de la “precariedad de servicios e higiene de los recintos” de la penitenciaría sufrió una infección en los riñones.
“Señalan que supuestamente me 'autoproclamé' como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y por ende se me acusa de ser autora de un supuesto 'golpe de Estado' en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito, ni antes ni después de asumir mi mandato”, manifestó Áñez.
En 2019, se desató una crisis social y política tras las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país, posteriormente se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
Morales lo hizo y el 11 de noviembre la senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia, lo que generaría otra oleada de manifestaciones sociales contra el nuevo Gobierno.
El 15 de noviembre, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba (Cochabamba). El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), otros 11 civiles murieron y 78 más resultaron heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos acontecimientos como masacres.
Acusaciones contra expresidente Macri
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, presentó el lunes 19 de julio las municiones que presuntamente fueron enviadas por la Gendarmería de Argentina en noviembre de 2019, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de facto de Áñez.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, en los depósitos de la Policía de Bolivia se encontraron 26.900 cartuchos de perdigón de goma, 47 aerosoles y 127 granadas de gas que ingresaron al país sin cumplir con la normativa legal vigente.
“Lo que pasó en el territorio nacional se encuentra tipificado bajo nuestro ordenamiento jurídico nacional y se denomina: tráfico ilícito de armas; precisamente, lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la Policía Boliviana; el señor Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el exembajador de Argentina es tráfico ilícito de armas”, dijo en conferencia de prensa.
La semana pasada, la Fiscalía de Argentina había imputado por el delito de “contrabando agravado” al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad por el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019.
