Los votantes han decidido que el presidente electo Joe Biden guíe al país en el transcurso de los próximos cuatro años. Pero en los asuntos relacionados con la guerra, el medioambiente, la justicia penal, el comercio, la economía y otros más, el presidente Donald Trump y los altos funcionarios del gobierno están haciendo todo lo posible para dificultar el cambio de rumbo.
Trump ha pasado las últimas dos semanas refugiado en la Casa Blanca, vociferando acerca de unas elecciones “robadas” y negándose a aceptar la realidad de su derrota. Pero en otros aspectos, está actuando como si supiera que pronto se despedirá sin mostrar la deferencia que tradicionalmente otorgan los presidentes a sus sucesores durante sus últimos días en el cargo.
A lo largo de los últimos cuatro años, Trump no ha pasado mucho tiempo pensando en políticas, sino que ha mostrado una inclinación a vengarse de sus adversarios. Y alentados por él, los altos funcionarios están en una carrera contra reloj para retirar a los soldados de Afganistán, garantizar el arrendamiento de las perforaciones petroleras en Alaska, castigar a China, llevar a cabo ejecuciones y frustrar cualquier plan que tenga Biden para restablecer el acuerdo nuclear con Irán.
En algunos casos, como los de las ejecuciones y el arrendamiento petrolero, el gobierno de Trump piensa actuar unos días —o incluso horas— antes de que Biden tome posesión el 20 de enero.
En una amplia gama de organismos y departamentos, los designados políticos de Trump van a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de evitar que Biden dé marcha atrás en el legado del presidente. Están cubriendo los puestos vacantes en los paneles de científicos, presionando para concluir la reglamentación que debilita las normas ambientales, nombrando jueces y apresurando sus ratificaciones en el Senado y tratando de eliminar las disposiciones relacionadas con la atención médica que han funcionado durante años.
En el último episodio, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se rehusó a prorrogar importantes programas de préstamos de emergencia que había estado usando la Reserva Federal para ayudar a mantener el flujo de créditos a las empresas, los gobiernos locales y estatales y otras instancias del sistema financiero. También se dio a la tarea de recuperar gran parte del dinero que los respalda, lo cual afectará la capacidad de Biden de usar las amplias facultades del banco central para mitigar las repercusiones económicas del virus.
Terry Sullivan, profesor de ciencias políticas y director ejecutivo del Proyecto de Transición de la Casa Blanca, un grupo apartidista que ha estudiado las transiciones presidenciales durante décadas, afirmó que Trump no estaba comportándose como los presidentes anteriores, a quienes les preocupaba la manera en que sus últimos días en el cargo influirían en su legado.
“Están aumentando las tensiones en Irán, lo cual podría originar una confrontación. La economía está empeorando, y no están haciendo nada acerca de las prestaciones por desempleo”, señaló.
Se trata de una última regla que Trump está haciendo añicos y de un fuerte contraste con el último presidente republicano que le transfirió el poder a un demócrata.
El expresidente George W. Bush, de manera deliberada, le dejó la decisión a su sucesor, Barack Obama, de cómo rescatar la industria automotriz y de si aprobar o no el aumento de soldados en Afganistán. Y cuando el Congreso solicitó negociaciones sobre los rescates bancarios, Bush se hizo a un lado y dejó que Obama llegara a un acuerdo con los legisladores antes de tomar posesión. Esa no ha sido la actitud de Trump.
El presidente ha seguido negándole a Biden las sesiones informativas y el acceso a las autoridades de los organismos, retrasos que, según el presidente electo, amenazan con afectar la respuesta a la pandemia del país. Además, lejos de querer ayudar al equipo de Biden, Trump ha pasado más de dos semanas tratando de desvirtuar con ahínco la legitimidad de su victoria.
Biden y sus principales asesores no han criticado públicamente las acciones políticas del presidente ni dentro ni fuera del país, apegándose a la tradición de que solo hay un presidente a la vez. Pero el presidente electo ha prometido actuar rápido para revertir muchas de las políticas interiores y exteriores de Trump.
Es muy probable que eso comience con una andanada de medidas ejecutivas en sus primeros días en el cargo, así como con una agenda legislativa enérgica durante su primer año.
Algunos de los asesores de Trump ni siquiera tratan de ocultar el hecho de que sus acciones están destinadas a obstaculizar de manera deliberada las opciones políticas de Biden incluso antes de que comience.
Un funcionario del gobierno que se pronunció con la condición de permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente señaló que en los próximos días habría más anuncios, sobre todo relacionados con China, con la cual, según los asesores de Trump, Biden tratará de mejorar las relaciones. Algunas de las acciones de Trump son prácticamente inalterables, como el nombramiento de jueces con puestos vitalicios o el nombramiento de sus partidarios a paneles del gobierno para periodos que se prolongan más allá del tiempo máximo que Biden podría durar en el cargo. Una vez que estas acciones se concreten, habrá poco que pueda hacer el nuevo presidente para revertirlas.
Sin embargo, esos no son los únicos nominados que los funcionarios del gobierno están intentando designar a toda prisa.
Entre los demás, hay dos nominados al Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, quienes tendrían ese cargo hasta 2024 y 2030, respectivamente; una terna de posibles miembros de la Comisión de Elecciones Federales para un periodo de seis años, y los nominados para la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal Regulatoria de Energía, quienes, de ser ratificados, impedirían que Biden instalara mayorías en esos organismos hasta muy entrado el año 2021.
Hay otras acciones que será posible revertir, pero están diseñadas para que hacerlo tenga un costo político.
Desde las elecciones, Trump ha ordenado el retiro de miles de soldados de Afganistán, donde el mandatario pretende recortar a la mitad un ejército ya de por sí reducido de 4500 para cuando deje el cargo, desobedeciendo así las recomendaciones de algunos generales superiores.
La idea de Biden en cuanto a los despliegues de tropas de Estados Unidos no es radicalmente distinta. Ha señalado que respalda solo pequeñas cantidades de grupos de combate, con la tarea principal de combatir a los grupos terroristas como Al Qaeda y al grupo del Estado Islámico. Pero los retiros de último minuto que ordena Trump podrían obligar a Biden a tener una confrontación no deseada con los demócratas en el Congreso si decide que tiene que retornar al orden establecido moderado de antes de las elecciones.
Los analistas afirman que el hecho de que Trump haya retirado a los soldados también le quita a Estados Unidos cualquier posibilidad de influir en el proceso de paz en marcha en Afganistán entre los talibanes y el gobierno del país, lo que tal vez dé a los talibanes importantes ventajas militares.
Los funcionarios de Trump también están trabajando para imponer nuevas sanciones a Irán que Biden difícilmente podría revertir por miedo a arriesgarse a ser acusado de indulgente con uno de los adversarios más peligrosos del país.
Estas sanciones también podrían debilitar cualquier acción de Biden para restablecer el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, medida que requeriría darle a Irán un respiro económico después de los años de restricciones de Trump. De igual manera, los funcionarios de Trump siguen tomando medidas punitivas contra China que quizá tensarán más las tirantes relaciones con Pekín que heredará Biden. La semana pasada, Trump emitió un decreto que prohíbe que los estadounidenses inviertan en empresas chinas que tengan vínculos con el Ejército de China. Los funcionarios del gobierno sostienen que se están preparando otras medidas.
La suspensión de los programas de préstamos de emergencia realizada por Mnuchin la semana pasada también podría tener implicaciones a largo plazo en los esfuerzos de Biden para contener las consecuencias económicas de la pandemia. Los programas de la era de la pandemia son administrados por la Reserva Federal, pero usan dinero del Tesoro para asegurarse contra las pérdidas.
El viernes, Mnuchin defendió su decisión al insistir que estaba cumpliendo el objetivo del Congreso al pedirle a la Reserva Federal que regresara al Tesoro el dinero sin utilizar. Pero será Biden quien deba hacer frente a las repercusiones. Además, para restablecer los programas se necesitarían otras negociaciones con el Congreso, mismo que ya está estancado con la ayuda por el COVID.
En el verano de 2008, los funcionarios del gobierno de Bush enviaron un memorando a los funcionarios de los organismos gubernamentales en el que les advertían que concluyeran las nuevas reglamentaciones y que no intentaran apresurar otras justo antes de que entrara el nuevo presidente. Trump está haciendo lo contrario.
La Agencia de Protección Ambiental se está apresurando a terminar una nueva reglamentación que cambiará la manera en que el gobierno federal calcula los costos y los beneficios, un ajuste que podría dificultar a Biden ampliar algunas normas relacionadas con la contaminación del aire o del agua.
Justo después del día de las elecciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos adoptó una regla que suspendería automáticamente miles de normas del organismo si no se ratifican de manera individual como “aún necesarias” y “con impactos adecuados”. El organismo mismo calificó de radical esa iniciativa al darse cuenta de que le ataría las manos al próximo gobierno.
Brian Harrison, el jefe de personal del organismo, la calificó como “la iniciativa de reforma normativa más audaz y significativa que jamás haya emprendido el Departamento de Salud y Servicios Humanos”.
