A muchas personas les sonará absurdo: una lideresa política nacional fue arrestada por la infracción penal de poseer walkie-talkies no registrados, sencillos comunicadores manuales y bidireccionales disponibles por menos de 30 dólares en Amazon.
Sin embargo, eso es lo que usó la renaciente junta militar de Birmania para justificar su toma de poder durante un golpe de Estado ocurrido el 1 de febrero, así como la detención de la premio nobel Aung San Suu Kyi, quien ahora está en riesgo de ser condenada a tres años en prisión por no haber registrado debidamente sus walkie-talkies. Las manifestaciones en Birmania en respuesta a las acciones del ejército ahora asedian el país.
Los activistas de derechos humanos dicen que la acusación de los walkie-talkies quizá rebasa un nuevo límite en cuanto a lo que los líderes antidemocráticos están dispuestos a hacer para aniquilar lo que perciben como una amenaza.
No obstante, los gobiernos autoritarios de todo el mundo suelen usar infracciones que parecerían inútiles en sociedades más libres, o pruebas en apariencia insustanciales para presentar acusaciones graves.
A continuación, algunos ejemplos de años recientes:
RUSIA: Recuperarse de un envenenamiento equivale a violar la libertad condicional.
Alexéi Navalni, la figura de oposición más prominente de Rusia, fue condenado a más de dos años en prisión la semana pasada después de que un tribunal dictaminara que había violado la libertad bajo palabra en repetidas ocasiones por no haber informado de manera adecuada a las autoridades en persona… mientras se recuperaba en Alemania del envenenamiento que él y otros líderes de Occidente han llamado un complot de asesinato orquestado por el Kremlin. Estuvo en coma dos semanas y en tratamiento médico durante mucho más tiempo.
El encarcelamiento de Navalni quitó del camino a un detractor que desde hace mucho había irritado al presidente Vladimir Putin.
Como una señal aún más clara de la creciente intolerancia del Kremlin, el miércoles, un tribunal ruso sentenció al editor de un popular sitio web de noticias a 25 días en la cárcel por haber retuiteado una referencia bromista a una protesta contra el Kremlin que publicó Navalni.
TAILANDIA: Más de 43 años tras las rejas por insultar al rey.
En ningún lugar es más peligroso hablar o intercambiar palabras consideradas difamatorias sobre una monarquía que en Tailandia, donde una infame ley conocida como el artículo 112 del Código Penal se ha utilizado cada vez más para reprimir las actitudes detractoras del gobierno.
La ley de lesa majestad, que tipifica como delito criticar a la familia real, se aplicó en enero para castigar a una exfuncionaria pública a más de 43 años en prisión, la sentencia más larga que se ha dado hasta ahora por infringir esta ley. En opinión del tribunal, la condena fue compasiva para la acusada, Anchan Preelert, quien pudo haber pasado 87 años en la cárcel; la sentencia se redujo a la mitad porque ella se declaró culpable.
En 2015, se le había acusado de usar las redes sociales para difundir grabaciones de audio y video que se consideraban críticas del entonces monarca Bhumibol Adulyadej, padre del actual rey, quien ostentó el reinado más largo del mundo antes de su muerte en 2016.
IRÁN: Un montaje de comedia de ‘The Daily Show’ se usa como evidencia de espionaje.
En junio de 2009, Maziar Bahari, un periodista iraní canadiense de Newsweek, fue uno de los cientos de personas que fueron encarceladas en Irán tras una disputada elección presidencial. Su interrogador penitenciario lo acusó de ser espía para Occidente, al citar, entre otras cosas, una entrevista satírica que dio para “The Daily Show” de Comedy Central mientras reportaba desde Teherán.
Bahari estuvo detenido durante 118 días, a menudo vendado de los ojos. Su historia se convirtió en la premisa de una película titulada “Rosewater”, o agua de rosas, una referencia a la colonia que usaba el interrogador según el olfato de Bahari (en español, la cinta se titula “118 días”).
ARABIA SAUDITA: 10 años y 1000 latigazos con un bastón para un bloguero.
En Arabia Saudita, donde una grave interpretación de la ley islámica ha llevado a prisión a muchos defensores de la libertad de expresión y los derechos de la mujer, uno de los casos más sonados tuvo que ver con la acusación de un escritor, Raif Badawi, cuyas publicaciones de blog en contra del establecimiento religioso del reino fueron consideradas ofensivas.
En 2014, se le impuso una sentencia de 10 años en prisión, además de una multa cuantiosa, y una flagelación pública de 1000 latigazos con un bastón, a efectuarse en un periodo de 20 semanas de 50 latigazos cada una. La indignación internacional ante el castigo ayudó a presionar a los saudíes a detener la flagelación tras los primeros 50 latigazos en enero de 2015.
Sin embargo, Badawi, quien recibió varios premios de la libertad, entre ellos el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo en 2015, sigue en prisión.
COREA DEL NORTE: Quince años de trabajos forzados por golpear el cartel de un hotel.
Mientras estaba de visita en Corea del Norte con un grupo de turistas en enero de 2016, Otto F. Warmbier, un estudiante de la Universidad de Virginia, fue encarcelado tras ser acusado de querer robar un cartel de su hotel.
Warmbier fue condenado a 15 años de trabajos forzados, un castigo desproporcionado que muchos vieron como un esfuerzo de Corea del Norte para enviar un mensaje político y conseguir cierta ventaja sobre Estados Unidos. Después de que las autoridades norcoreanas transmitieron la llorosa disculpa de Warmbier en televisión nacional, lo mantuvieron casi completamente incomunicado durante 17 meses.
Cuando Corea del Norte lo liberó más tarde, en lo que llamó un gesto humanitario, el joven había sufrido daño cerebral y había caído en un coma del cual nunca despertó. Fue enviado de vuelta a Estados Unidos en avión y murió al poco tiempo. Los padres de Warmbier dijeron que sus captores norcoreanos lo habían torturado.
ZIMBABUE: Detenidas por usar palabras ofensivas, según la policía.
No hubo insultos groseros de por medio, pero eso no evitó que la policía de Zimbabue arrestara a tres mujeres miembros de la oposición política el 1 de febrero, tras acusarlas de usar lenguaje que los oficiales consideraron ilegal.
Las mujeres, entre ellas una parlamentaria, fueron detenidas después de haber seguido a un vehículo de la policía que llevaba a sospechosos arrestados en una manifestación contra el gobierno en Harare, la capital. No quedó claro exactamente qué parte de los comentarios de las mujeres la policía de Harare consideró ofensiva a un grado criminal.
Según una declaración de la policía, las mujeres habían exigido la liberación de los sospechosos para asegurarse de que la policía no los infectara de COVID-19 mientras estaban en custodia. Maziar Bahari, a la izquierda, y Jon Stewart en las oficinas de “The Daily Show” en Nueva York, el 17 de octubre de 2014.
Por: Rick Gladstone, The New York Times
