Un juez avaló el preacuerdo firmado entre el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos José Roberto Prieto y la Fiscalía General de la Nación de pagar una pena de cinco años y dos meses de prisión por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Prieto aceptó ser responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado.
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En dicho acuerdo también se estableció que Prieto deberá pagar una multa de 60 salarios mínimos por estar involucrado en las irregularidades de la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol III, en la que también participó la constructora brasileña. Lea también: Formulan cargos contra Luis Miguel Pico por caso Odebrecht Uno de los beneficios que le dio el pacto, por haber aceptado su responsabilidad en estos hechos, fue la eliminación de dos cargos que le fueron imputados en un principio: enriquecimiento ilícito y falso testimonio. En el preacuerdo, la defensa de Prieto solicitó que el procesado fuera trasladado de la cárcel La Modelo, donde permanece desde mayo del 2018, hacia un centro especial para funcionarios públicos, al considerar que estar en ese centro penal "le acarreaba problemas de seguridad y salud". Según explicó el juez, la defensa hizo esa solicitud debido a que "todas esas situaciones lo forzaron a que su familia no lo visitara durante mucho tiempo en la cárcel y porque tiene restringidos todos los beneficios mínimos de cualquier procesado"."Se da cuenta de llamadas extorsión, no recibe alimentos del rancho del penal, se encuentra aislado de los demás internos, no recibe visitas de su familia por su seguridad", resaltó.Al estudiar los argumentos, el juez avaló que José Roberto Prieto saliera de la cárcel La Modelo y mencionó que le solicitará al director del Inpec su traslado inmediato a un centro de reclusión especial. Lea también: Corte Suprema definirá quién procesará a Santrich En la diligencia desarrollada este martes, los defensores del exgerente de la campaña "Santos Presidente" solicitaron que se le otorgara a Prieto la medida de aseguramiento domiciliaria con el argumento de que "tenía arraigo en Bogotá porque acá se encuentra su familia" y porque ha sido calificado por buen comportamiento dentro del centro penal. Sin embargo, la Fiscalía rechazó esta petición al asegurar que esto no estaba establecido en el preacuerdo. El próximo 30 de mayo será la audiencia para dictar la sentencia condenatoria en su contra, el trámite se desarrollará a las 11:00 de la mañana. Al terminar la audiencia, Prieto solicitó no asistir, así que el juez aceptó la solicitud.
