La Justicia Penal Militar solicitó ser el ente que asuma la investigación en contra del miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) involucrado en la muerte
Dilan Cruz, el joven que resultó herido en las manifestaciones del pasado sábado 23 de noviembre.
Desde ya se avecina una tediosa pelea jurídica, pues el fiscal general (e) Fabio Espitia manifestó que, a su criterio,
debe ser la justicia ordinaria la competente para llevar este proceso.
Espitia aseguró que presentará los argumentos de la Fiscalía General ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la autoridad autorizada para resolver este tipo de conflictos.
Puntos clave
El abogado
Oscar Sierra explicó que, después del dictamen entregado por Medicina Legal, son varios los puntos que se deben analizar para establecer si existe o no responsabilidad penal en contra del integrante del Esmad.
Sierra indicó que, en primer lugar, el informe balístico no determinó que la munición empleada por el uniformado hubiese sido manipulada.
Por otro lado, señaló que se tiene que
evaluar si se respetaron o no los protocolos respecto a la idoneidad del arma para controlar esa situación en específico, así como la distancia mínima para accionarla, la técnica del disparo y la munición empleada.
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Dijo que, dependiendo de la respuesta a los anteriores interrogantes, se podrán presentar varias situaciones como "la existencia de un evento en el cual no exista responsabilidad penal, la comisión de un delito de homicidio culposo o a título de dolo eventual, o el posible traslado de la actuación a la Justicia Penal Militar".
¿Quién se debe quedar con la investigación?
El abogado
Ricardo Calvete considera que la jurisdicción competente es la Justicia Penal Militar, pues aseguró que
se trataría de una conducta realizada en ejercicio de funciones por parte de un miembro activo de la Fuerza Pública.
"Se ha divulgado públicamente la causa de la muerte de Dilan Cruz. Será ahora dentro de un proceso penal en donde se determine si se han realizado todos los elementos que jurídicamente configuran un delito de homicidio y las personas a las cuales podría atribuirse", especificó.
Oscar Sierra estuvo de acuerdo con estas apreciaciones. Sin embargo, explicó que el proceso podría irse a las manos de la justicia ordinaria en caso de que "exista una ruptura evidente flagrante entre la acción ejecutada por el uniformado y el acto del servicio o si se evidencia una grave afectación a los derechos humanos".
El abogado
Iván Cancino, por su parte, indicó que este caso debería ir a la justicia ordinaria por temas de transparencia, para que el país tenga la certeza de que no habrá algún tipo de favorecimiento en este proceso.
"Muchos creerían que la justicia militar va a estar parcializada a favor del uniformado. Yo me atrevería a decir que en reglas de lo sano la competencia la debería tener la justicia ordinaria", sostuvo.
Cancino explicó que como lo que se va a investigar es la causa de una muerte, la jurisprudencia a nivel nacional e internacional ha tratado de limitar a la Justicia Penal Militar.
"Yo creo que es lo mejor, con eso se evitan críticas y suspicacias para el miembro del Esmad involucrado en la muerte de este joven. Al final el objetivo es el mismo, analizar si existió un delito o no", concluyó.
