Las cifras de los recientes crímenes contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos son alarmantes. En lo corrido de este 2019, según la Defensoría del Pueblo, ya van siete personas asesinadas en diferentes regiones, lo que encendió el debate y la presión internacional sobre cuáles deberán ser las medidas que tome el Gobierno Nacional para evitar que esto siga sucediendo en el país.
Los datos de la Defensoría del Pueblo apuntan a que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra estas personas, de los cuales 158 eran hombres y 14 fueron mujeres. A partir de los últimos asesinatos, muchos creen, que esto es "un mal augurio para lo que va a pasar con el liderazgo social en el país", como lo aseguró el senador Antonio Sanguino (integrante de la Comisión de Paz) en anterior diálogo con KienyKe.com.
El último informe de la Fiscalía General de la Nación reveló resultados impactantes. A partir de las últimas investigaciones, se reconoció que existe sistematicidad en estos crímenes, es decir, que estos asesinatos no hacen parte de casos aislados, como lo había sustentado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
En dicho informe, la institución afirmó que los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las mayores víctimas de asesinatos y amenazas en el país por parte de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y los paramilitares, así como la guerrilla del Eln y el clan narcotraficante conocido como 'Los Pelusos'.
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En diálogo con KienyKe.com, el asesor de la Fundación Indepaz, Jaime Zuluaga aseguró que en estas últimas décadas esta problemática se ha incrementado, "es mucho más evidente y se han denunciado a través de los medios de comunicación, generando indignación ante la opinión pública".
"Eso viene de atrás, lo que pasa es que antes estaba minimizado porque había un combate con la guerrilla y estos líderes y defensores eran presentados como si fueran voceros de los grupos insurgentes en medio del conflicto", agregó.
Explicó que uno de los factores de este fenómeno, son los cambios en la naturaleza del conflicto, en el fortalecimiento del narcoparamilitarismo y en las fuerzas de poder de control político y social que se lograron tejer en los territorios; sobretodo en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander.
Resaltó que una de las poblaciones más afectadas son los indígenas del Cauca, porque desde allí se ha constituido un movimiento indígena "donde más se ha desarrollado activismo político democrático". Añadió que otras colectividades que están expuestas a estos crímenes son los activistas que hacen resistencia y movilización social, a los que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierras, líderes ambientales, étnicos, sindicales, contra la minería ilegal, afros y LGTBI.
¿Qué medidas se deben tomar?
Jaime Zuluaga mencionó que se tiene que implementar un verdadero acercamiento con las organizaciones sociales y políticas, locales y regionales, que están amenazadas. "El Gobierno está muy aislado. De cierta forma la problemática se está analizando desde afuera, no hay un verdadero vínculo cercano con las organizaciones afectadas. Lo que tienen que hacer es articular la defensa y actuar desde los territorios para protegerlos". Dejó claro que se tienen que "desmontar los poderes locales que están en manos de las organizaciones criminales" y ponerle especial atención a la época que se avecina, porque según él, esta problemática se puede agudizar por los procesos electorales. "En estas fechas pueden atentar aun más contra estas comunidades, al tratar de evitar que se expresen desde las elecciones locales y gubernamentales", indicó. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, le dijo a este medio que no hay que descartar los esfuerzos que han hecho los gobiernos en esta materia. Dijo que el gobierno de Juan Manuel Santos creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un cuerpo élite de la Policía, mecanismos de protección comunitaria, fortaleció la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otro conjunto de medidas interesantes pero "con cero impacto". Asimismo se refirió al Plan de Acción Oportuna (PAO) creado por la administración del presidente Iván Duque: "Que recoge varias de estas medidas y tiene otros puntos importantes, pero tampoco han tenido resultados positivos". Para él, aunque sea un proceso difícil, lo que se tiene que hacer es "capturar a los autores intelectuales que están mandando a asesinar a los líderes sociales y no solo a los materiales"."Está claro que podemos doblar el presupuesto de la UNP y crear más mecanismos de protección comunitaria, pero si no se cogen los responsables intelectuales de estos crímenes sistemáticos, aquí no se va a parar nada", manifestó.Mientras eso pasa, según Ávila, hay que crear un plan de choque que vayan más allá de materiales físicos de protección como escoltas, carros blindados y chalecos antibalas. Entre ellos, un plan de emergencia en el que se "ubiquen y se protejan a los líderes sociales". Entre esto, crear un cuerpo élite y fortalecer las unidades de la Fiscalía, así como crear unos cuerpos especializados de investigación para determinar los autores intelectuales. Indicó que el Gobierno debe mejorar el sistema de alertas tempranas, porque, al contrario de lo que dijo el director de la UNP, "no es cierto que los líderes sociales no hayan anunciado estas amenazas ante la entidad". "Ellos sí denuncian pero la información no sube de lo local y lo regional a lo nacional y por eso es que no se conocen dichas denuncias, por eso es que no están funcionando". Finalmente, Ávila mencionó: "Hay que crear un mecanismo rápido y eficiente para que una vez se produzca la denuncia suba a nivel nacional y además tienen que creerles, porque algunos no denuncian porque les da miedo y otros lo hacen y no les creen", finalizó.
