Hace exactamente un año ocurrió uno de los peores y más crueles ataques de la historia de Colombia en contra de la Fuerza Pública. Hacia las 9:30 de la mañana de ese 17 de enero de 2019, una camioneta Nissan Patrol de color gris, cargada con 80 kilos de pentolita, explotó dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
El acto terrorista perpetrado por el Eln cobró la vida de 22 cadetes de la institución y dejó a otros 70 heridos.
A hoy los familiares de las víctimas tienen más dudas que respuestas. A pesar de que la Fiscalía General dispuso desde ese mismo día de un equipo de policía judicial y fiscales para asumir los frentes de la investigación, solo tres personas han sido capturadas y procesadas por estos hechos.
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¿Quiénes han sido los capturados?
Ricardo Andrés Carvajal fue el primer detenido. Las autoridades lo arrestaron el 18 de enero de ese año por, presuntamente, haber planeado y ejecutado la acción terrorista.Este sujeto permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. De acuerdo a la Fiscalía, en interceptaciones telefónicas se escuchó cuando él reconoció tener participación en el atentado."En las diligencias de allanamiento en las que fue capturado Carvajal Salgar fueron incautados un celular, un manual del combatiente primera fase de instrucción y uniformes", especificó el ente investigador. Carvajal fue acusado a mitad de 2019 de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y uso ilegal de material privativo de las Fuerzas Armadas, en calidad de cómplice. La Fiscalía aseguró que este hombre pagó el arrendamiento del lugar donde fue escondida y acondicionada la camioneta Nissan Patrol.
Los otros dos implicados
Wilson Arévalo Hernández fue arrestado en la vereda La Primavera (Arauca) 12 días después del ataque terrorista. Según la Fiscalía, esta persona sería la responsable de trasladar desde Arauca a Bogotá el vehículo cargado con los 80 kilogramos de pentolita.Se dice que Arévalo Hernández llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.Un fiscal le imputó los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo, cargos por los que recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Arévalo Hernández fue citado dos semanas después a una nueva imputación por el presunto apoyo logístico para ejecutar el acto criminal. Un fiscal de la Seccional Bogotá le formuló cargos por terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Actualmente su proceso está en la realización de audiencias preparatorias de juicio. [single-related post_id="1019983"] Otro de los involucrados en este caso es Álvaro José Mateus Vargas, que fue capturado el 20 de mayo de ese año. Las autoridades aseguran que este hombre pertenece a la estructura financiera del denominado Frente de Guerra Oriental del Eln y sería el propietario de una empresa de lácteos utilizada para lavar activos de esta organización ilegal. "Mateus Vargas habría aportado considerables sumas de dinero para la planeación y ejecución del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander", señaló la Fiscalía. Tiene en su contra cargos por rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Acciones a tomar
La Fiscalía General informó que, el próximo 28 de febrero, vinculará formalmente y realizará imputación de cargos en contra de siete personas del Eln que habrían tenido participación en el plan criminal.Algunos de los que serán judicializados son: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, entre otros.Un fiscal solicitará al juez de control de garantías que los investigados sean procesados en contumacia por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa.
