Este martes se llevó a cabo la audiencia contra Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora condenada Aída Merlano, por su presunta participación en la fuga ocurrida el pasado 1 de octubre de 2019.
En la diligencia judicial la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la joven pero también al odontólogo Javier Cely Baraja pues son señalados de haber facilitado la huida de la excongresista de las autoridades colombianas desde un consultorio ubicado al norte de Bogotá.
Aida Victoria acudió con su defensa a los juzgados de Paloquemao y ante los medios de comunicación se declaró inocente de los cargos señalados por el ente acusador.
El documento que había sido radicado asegura que la hija de Merlano llevó al consultorio los elementos necesarios para que lograra escapar de los guardias, entre ellos, la soga, los guantes y la ropa de cambio.
Tras la fuga Aida Victoria, de 20 años de edad, fue capturada días después. Sin embargo, fue puesta en libertad por órdenes de un juez que consideró que no era un peligro para el proceso ni la sociedad.
El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago le mencionó a KienyKe.com que todavía es pronto para saber si el proceso en contra de la hija de Merlano Rebolledo prosperará o no porque, según dijo, todo depende de qué pruebas tenga el ente acusador para demostrar la culpabilidad de la joven en estos delitos.
"La Fiscalía deberá probar que Aída Victoria conocía que su madre se iba a escapar, que la ayudó y que utilizó a un menor para cometer el delito. Yo, en lo personal, creo que el delito de fuga de presos está más consolidado", indicó.
Además Mendoza señaló que no considera que la Fiscalía haya "inflado el caso" porque cree que si acusará a Aída Victoria por estos delitos es porque "tiene evidencias suficientes". "No creo que se esté inflando nada. No creo tampoco que esté manipulando la información, de eso queda evidencia en los procesos. Pero si los funcionarios violan la ley pueden responder penal y disciplinariamente", sostuvo.
El abogado Julián Quintana, por su parte, aseguró que una posibilidad para que el caso no avance es que no se demuestre la existencia de la conducta. Quintana resaltó que la joven "está cobijada por el derecho fundamental a la no autoincriminación", lo que significa que no está obligada a declarar en contra de su madre.
Además, señaló que en los videos no se ve ningún aporte objetivo que evidencie su participación en la fuga.
"Considero que no le atañe ninguna responsabilidad penal en este caso. Aunque puede ser que la Fiscalía tenga evidencias bajo la manga y de comprobarse esto puede ser condenada, pero lo veo muy difícil si las pruebas no son contundentes", finalizó.
