Las declaraciones de Álvaro Uribe de instar a las Fuerzas Militares a desobedecer a su comandante en jefe no pueden quedar sin consecuencias. Es inaceptable que se utilice un contexto de seguridad muy complejo, causado en gran medida por el desinterés del gobierno anterior de implementar el Acuerdo de Paz, para tratar de instigar a las Fuerzas Militares a que vayan en contra del orden constitucional.
Uribe no es capaz de entender la complejidad de un proceso de paz transparente, a diferencia del que llevó a cabo su excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo que montó una falsa desmovilización y por el que está prófugo de la justicia, con circular roja de Interpol. Como enemigo de la paz que es, no soporta la idea de que se trate de materializar un cese al fuego con el cual se busca salvar la vida de las comunidades, que son las que siempre quedan en medio del fuego cruzado.
Decir que las Fuerzas Militares se están “quedando quietas” es una mentira fácilmente refutable. En el año 2023 se incautaron 740 toneladas de cocaína, el mayor registro de incautación reciente en la historia del país.
Al 20 de mayo de 2024 se han incautado más de 315 toneladas de cocaína y 230 toneladas de marihuana, cifras superiores en más de un 36% y más del 80% respectivamente frente a las del mismo período en el 2023.
En el período entre el primero de enero y el 25 de abril de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior, frente al homicidio intencional hay una reducción del 2.8%, hurto en 18.8% a personas, hurto a comercio 49.7%, 33.7% frente al secuestro, respecto a las masacres una disminución de 42.4% y víctimas de estas masacres 45.8%, por nombrar algunas estadísticas. En cuanto a combates, para el 22 de abril se habían registrado 128 enfrentamientos con grupos armados ilegales, 40 de ellos con el Clan del Golfo.
Las cifras muestran de forma contundente que nuestra Fuerza Pública está actuando y está teniendo resultados, pero lo ha hecho de una forma que no le gusta a Uribe, que es golpeando el bolsillo de las economías ilegales.
Ahora, un expresidente debería ser quién más claro tenga cuáles son las disposiciones constitucionales y legales en torno a la jefatura de las fuerza pública. El artículo 189 de la Constitución es muy claro en señalar que es el Presidente el encargado de dirigir a la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
En lo que puede incurrir Uribe tratando de dar órdenes que no le corresponden está consignado en los artículos 467, 468 y 472 del Código Penal sobre rebelión, sedición y seducción, usurpación y retención ilegal del mando.
La ley dice de forma clara que “El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”, estipulado en el artículo 472 del Código Penal.
Son situaciones como estas las que nos demuestran que la intención del sector político al que Uribe representa es lograr que el Presidente Petro no termine su mandato. No podemos creer que Uribe es tan ingenuo como para hacer un comentario casi que pidiendo a las Fuerzas Militares que se rebelen en contra de su comandante en jefe a la ligera, sin saber las implicaciones que esto tiene. Si se atreve a hablar en público de esta forma, es porque cree estar seguro de que van a lograr su objetivo con el golpe blando.
Con lo que no cuenta es que el país ya habló en las urnas en el 2022 y dejó claro que está del lado de la paz y no de la guerra. El Presidente Petro ganó de forma legítima por las vías democráticas y por las mismas el movimiento popular defenderá su mandato.
