Pongamos sobre la mesa un tema que no solo es urgente, sino que nos interpela a todos como sociedad: la explotación sexual infantil en Colombia. Es un problema que ha crecido de manera alarmante y que, pese a los esfuerzos, sigue cobrando nuevas víctimas cada día. Todos deberíamos sentir una profunda responsabilidad de hablar sobre esto, especialmente ahora que se está discutiendo un proyecto de ley que podría ser relevante en la protección de nuestros niños y niñas.
El proyecto de ley 061-23, liderado por la senadora Nadia Blel, busca fortalecer nuestro marco legal para combatir de manera más efectiva la explotación sexual infantil. Y cuando digo "fortalecer", no me refiero a palabras vacías o promesas políticas, sino aparentemente, a cambios reales y concretos en el Código Penal. Este proyecto no se queda en la superficie; va al fondo del problema, atacando no solo las formas tradicionales de este crimen, sino también las nuevas modalidades que han surgido con la tecnología, como el grooming y otros delitos cometidos a través de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Primero, ¿por qué es necesario este proyecto? La respuesta es simple, pero devastadora: las cifras son abrumadoras. Desde 2020, la Fiscalía en Colombia ha abierto más de 9.500 procesos relacionados con delitos de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). Esto no es solo un número frío; detrás de cada uno de esos casos hay un niño o una niña cuya vida ha sido devastada, cuya inocencia ha sido robada. ¿Cómo podemos, como sociedad, mirar hacia otro lado cuando esto está ocurriendo?
El proyecto de ley propone endurecer las penas para aquellos que cometen estos crímenes atroces. Por ejemplo, se plantea que el proxenetismo con menores de edad sea castigado con entre 26 y 45 años de prisión. Además, se amplía la descripción de los delitos en el Código Penal para incluir conductas que antes no estaban claramente tipificadas, lo que permitirá que más actos sean sancionados. Esto es crucial porque en muchos casos, los delincuentes se han beneficiado de lagunas jurídicas que les han permitido escapar de la justicia o recibir penas mínimas.
Pero el proyecto va más allá del castigo. También busca prevenir estos delitos al penalizar el "grooming", una práctica en la que un adulto se hace pasar por menor en internet para ganarse la confianza de la víctima y luego abusar de ella. Bajo esta ley, el grooming sería castigado con hasta 14 años de prisión. Esta medida es especialmente relevante en la era digital en la que vivimos, donde nuestros niños y niñas están cada vez más expuestos a peligros en línea.
Ahora, algunos podrían preguntarse: ¿realmente necesitamos penas tan severas? La respuesta, desde mi perspectiva, es un rotundo sí. La explotación sexual infantil es uno de los delitos más lucrativos en Colombia, solo superado por el narcotráfico. Esto significa que hay redes organizadas que ven a nuestros niños y niñas como mercancía, como objetos que pueden ser explotados por dinero. No podemos permitir que esto continúe. Al endurecer las penas, estamos enviando un mensaje claro: en Colombia, no hay tolerancia para la explotación sexual infantil. Cada persona involucrada en estos actos, desde los organizadores hasta quienes se benefician de ellos, debe saber que enfrentará la justicia de manera contundente.
Además, este proyecto de ley también incluye sanciones para aquellos que, por su cargo o posición, tienen conocimiento de estos delitos y no los denuncian. La omisión de denuncia, especialmente cuando proviene de servidores públicos, no solo es una falta ética, sino también un delito. Este es un punto clave porque en muchos casos, la complicidad o el silencio han permitido que estas redes criminales sigan operando sin ser detectadas.
Entonces, ¿cómo beneficiaría este proyecto de ley a nuestra sociedad? En primer lugar, se asegura que más conductas delictivas sean castigadas, lo que disuade a los potenciales delincuentes. En segundo lugar, al aumentar las penas, se da un paso firme hacia la justicia, mostrando que el Estado colombiano está comprometido en proteger a sus menores. Finalmente, al incluir medidas preventivas como la penalización del grooming, se busca cortar el problema de raíz, evitando que los niños y niñas sean víctimas en primer lugar.
Este proyecto, si se convierte en ley, sería un hito en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de proteger a las víctimas y prevenir que más niños y niñas sufran estos horrores. Como profesor, veo en mis estudiantes el futuro de nuestro país, y es nuestro deber asegurar que crezcan en un entorno seguro, libre de explotación y violencia.
Ya es hora que, desde nuestras distintas trincheras, apoyemos este tipo de iniciativas. No podemos seguir siendo indiferentes cuando nuestros niños y niñas están en riesgo. Este proyecto de ley es una oportunidad para demostrar que, en Colombia, la vida y la integridad de nuestros menores son sagradas, y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para protegerlas.
Bonita semana para todos
