El presidente Petro intenta agitar estratégicamente la crisis diplomática con Estados Unidos como su bandera electoral populista y nacionalista para el 2026. Una crisis tácticamente provocada para declarar la conmoción interior e imponer nuevos impuestos sin pasar por el congreso. Una crisis para distraer la atención del país ante lo que el semanario británico The Economist califica como la peor crisis humanitaria en décadas. El enfrentamiento entre el ELN, apoyado por la guardia venezolana, y las disidencias de las extintas FARC deja cientos de muertos según los testimonios de la población local.
Los pobladores del Catatumbo reportaron que el ELN fue puerta a puerta asesinando a líderes comunitarios y miembros de las FARC desmovilizados en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016. 50 mil desplazados según Iris Marín defensora del pueblo, una cifra sin precedentes desde 1997, cuando comenzaron los registros en Colombia sobre desplazamiento forzado. El ataque sella el fracaso definitivo de la política de “paz total” que en realidad fue la ventaja total para la expansión del control territorial y poblacional de todo tipo de organizaciones criminales.
Mientras nadie sabe qué hace, qué dice o dónde está el ministro de defensa, el gobierno afirma sin sonrojarse que nadie podía anticipar esta escalada de violencia. Iris Marín lo hizo en reiteradas alertas, sistemáticamente ignoradas por el gobierno. Como desconoce los efectos fatales de su política en Guaviare, Bolívar, Antioquia, Chocó y Cauca. Regiones todas con el potencial de alcanzar los niveles de violencia que hoy padecen las comunidades del Catatumbo.
El gobierno colombiano de Gustavo Petro, respondió declarando un estado de conmoción interna, una medida que permite al poder ejecutivo tomar medidas extraordinarias sin la aprobación del Congreso por hasta 90 días.
Esta medida otorga al gobierno la autoridad para imponer toques de queda, restringir el movimiento y tomar otras acciones que normalmente requerirían aprobación.
El impacto humanitario del conflicto en Catatumbo es aterrador. La población desplazada se enfrenta a condiciones terribles, con acceso limitado a alimentos, agua potable y atención médica. Las organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno colombiano que tome medidas inmediatas para proteger a los civiles y proporcionar asistencia humanitaria.
¿Qué hacer y cómo hacerlo?
Como prácticamente en toda Colombia, el primer paso es escuchar, reconocer y actuar de la mano de la población local. Sin el apoyo de las comunidades, cualquier plan está destinado a fracasar. La prioridad es un plan de recuperación territorial con dos pilares fundamentales. Primero, imponer orden, autoridad y la presencia legítima permanente de la fuerza pública en toda la región. Segundo, financiación para la construcción de bienes públicos e infraestructura social que abran oportunidades para la gente y su independencia de las rentas criminales como el clorhidrato de cocaína. El Catatumbo necesita vías terciarias, internet satelital, centros de salud, colegios, fondos y asistencia técnica para emprendimiento. En palabras de un líder comunitario de El Tarra, hoy refugiado en Cúcuta: “Petro ha ridiculizado a los campesinos”, refiriéndose a pagos prometidos que nunca llegaron.
La compleja red de grupos armados, rutas de narcotráfico y problemas sociales profundamente arraigados de la región la convierten en un entorno muy difícil para cualquier operación militar que solo puede ser exitosa si se equilibra con inversión social para abordar las causas fundamentales del conflicto, incluida la pobreza, la falta de educación y las limitadas oportunidades económicas.
