Pocas veces se ha visto en la historia del país, un funcionario del rango del Fiscal General de la Nación dedicar la inmensa mayoría de sus esfuerzos a impulsar su carrera política en vez de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales. Francisco Barbosa ha aprovechado cada oportunidad que tiene de hablar en público para hacer discursos de campaña, la cual se sustenta exclusivamente en los ataques hacia el Gobierno Nacional.
Acercándonos a los dos años del inicio del actual Gobierno, uno estaría inclinado a pensar que ninguna declaración de Barbosa podría ser ya noticia. No obstante, la rueda de prensa dada después del mal llamado consejo de seguridad en Medellín con Federico Gutiérrez —mal llamado porque no contó con la participación del Ministerio de Defensa demostrando así la nula voluntad de trabajar de forma articulada con la Nación— fue una declaración de guerra contra el Gobierno Nacional, completamente fuera de lugar incluso para lo que nos tiene acostumbrado Barbosa.
No se puede olvidar el funcionario público que todavía está en la obligación constitucional de cumplir con el principio de colaboración armónica reconocido por el artículo 113 de la Constitución Política y reiterado por la Corte Constitucional, cuyo propósito es la consecución de los fines del Estado, así solo le quede un mes en el cargo.
Tampoco se puede olvidar que el Código General Disciplinario considera como falta disciplinaria por mala conducta las agresiones al Presidente de la República en su calidad de autoridad legítimamente constituida en ejercicio y relación a sus funciones, falta en la que se deberá investigar si Barbosa incurrió después de la explayada de calumnias emitidas en contra del Presidente Petro.
Lo increíble del suceso es que se dio en la misma semana en la que la Fiscalía dejó clara que su intención frente a casos de alto renombre que afectan a los que serán sus padrinos políticos cuando se lance a cargos públicos es de anular cualquier intento de avance de la justicia. Por tercera vez, la Fiscalía General de la Nación evalúa si presenta cargos contra el expresidente Uribe luego de haber pasado por cuatro Fiscales, reiterados intentos de preclusión negados por dos juezas y un tribunal.
Con la renuncia del Fiscal Andrés Palencia un día antes de que se cumpliera el plazo para llamar a juicio al exmandatario y la delegación de Víctor Salcedo como líder del proceso, quien se deberá declarar impedido por haber manifestado de forma pública su opinión frente al caso, procedimiento que toma tiempos considerables, queda claro que es la misma Fiscalía la que está haciendo uso de todas las maniobras dilatorias posibles para que se venzan los términos y Álvaro Uribe no deba afrontar ante la justicia las acusaciones en su contra por manipulación de testigos.
Afortunadamente para el país el tiempo de Barbosa en la Fiscalía se acerca a su final. Con la terna de mujeres de suma competentes que reposa en la Corte Suprema de Justicia, se enciende la esperanza de que por fin contemos con una funcionaria experta, enfocada en cumplir con las funciones constitucionales que tiene la entidad y que genere la articulación tan necesaria entre Gobierno y Fiscalía para garantizar la lucha contra el crimen en Colombia.
