El Gobierno Nacional y la bancada del Pacto Histórico han definido para la presente legislatura la búsqueda de un gran Acuerdo Nacional que, entre otras cosas, pueda lograr la implementación del Acuerdo de Paz, la puesta en marcha de un plan de reactivación económica y la aprobación de las reformas sociales.
El Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016 contempló varias prioridades para que el Gobierno Nacional tramitara y aprobara una agenda legislativa con proyectos de ley y proyectos de Actos Legislativos que permitieran avanzar rápidamente en el cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, es de conocimiento público cómo el anterior Congreso impidió legislar en aspectos centrales del acuerdo, así como se demostró una escasa voluntad política del gobierno Duque para lograr la implementación.
En las cuestiones agrarias se definieron apuestas normativas que hicieron parte de los puntos 6.1.9 y 6.1.10 que tenían que aprobarse dentro de los 12 meses siguientes a la suscripción del acuerdo. Una de ellas es el tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, el cual ha sido archivado en dos ocasiones y que apenas en el mes de junio fue aprobado en primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Por otro lado, la Jurisdicción Agraria Rural que también era
una prioridad no fue sino hasta hace un año que a través de un Acto Legislativo liderado por el Gobierno del cambio y una reciente ley estatutaria aprobada la legislatura pasada se ha reglamentado. Aun así, para lograr su completo funcionamiento se requiere una ley ordinaria que determine las competencias y procesos que conocerá dicha jurisdicción y que será presentado está legislatura siendo una de las prioridades del Gobierno Nacional.
Ahora bien, en lo que corresponde al núcleo esencial de la Reforma Rural Integral que corresponde al punto primero del acuerdo, en materia de acceso integral y uso de la tierra, el Gobierno ha incrementado el presupuesto para el sector agropecuario pasando de un presupuesto de 2.45 billones en el 2022 a 9.19 millones en el 2024, destinando especialmente casi 3 billones para la compra de tierras para entregar al campesinado colombiano. También debe destacarse la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y las Zonas de Reserva campesina para superar los problemas de debilidad institucional que ha tenido históricamente el Estado Colombiano.
No obstante, también se han dado trabas que ha detenido el avance la reforma agraria, por ejemplo, la reciente decisión de la Corte Constitucional al declarar inexequibles por cuestiones de trámite el artículo del PND sobre procesos agrarios como la recuperación de baldíos ocupados de forma indebida, deslindes de la nación y extinción agraria, que agilizaba los trámites de adquisición de tierras.
El legislativo deberá discutir de manera amplia todas las apuestas necesarias para la implementación integral del punto primero del Acuerdo de Paz, varias de ellas como el Servicio Público de Adecuación de Tierras, sistema de seguridad alimentaria, y otras que hacen parte sin duda de la agenda de las
reformas sociales como por ejemplo la formalización laboral del campesinado, infraestructura de salud en el campo y educación de los sectores rurales y campesinos.
Las trabas y las acciones de la oposición para detener la implementación de la reforma rural son acciones en contra del campesinado y la paz en Colombia, lo cual no podemos permitir que el Acuerdo de Paz lo sigan haciendo trizas, por el contrario, el compromiso de legislar a favor del campesinado y la implementación de la Reforma Rural es una prioridad para la bancada del Pacto Histórico y el Gobierno de Gustavo Petro, por eso el Acuerdo Nacional toma vigencia de nuevo.
