El relleno sanitario Doña Juana (RSDJ) ha sido, durante más de tres décadas, el epicentro de un debate crucial sobre la gestión de residuos sólidos en Bogotá. Este lugar, necesario para el tratamiento y disposición final de los desechos, se ha convertido en un "vecino incómodo" que ha generado conflictos sociales y ambientales significativos, especialmente para las comunidades vulnerables del sur de la ciudad y para la cuenca del río Tunjuelo; su ubicación ha generado descontento y una deuda histórica con las personas que allí habitan, por no haber tenido en cuenta sus necesidades ni haber protegido su integridad. En este artículo hacemos una revisión histórica de malos manejos y decisiones más enfocadas en garantizar los intereses privados de los concesionarios que el bienestar de las comunidades.
Desde su inauguración en 1988, el RSDJ ha experimentado numerosas modificaciones en su licencia ambiental. Inicialmente abarcaba 452 hectáreas, con una ampliación planeada a futuro; en el año 2000, durante la Administración del alcalde Enrique Peñalosa, se presentó solicitud ante la CAR-Cundinamarca para obtener la Licencia Ambiental Única, que autorizó la ampliación del relleno en 52 hectáreas. A lo largo de los años diversas resoluciones han modificado esta licencia para optimizar el uso del relleno, lo que ha generado oposición en las comunidades cercanas debido al impacto sobre sus tierras.
A su vez, los conflictos jurídicos entre el Distrito y el concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) han sido constantes. Desde los primeros años de operación las comunidades cercanas comenzaron a quejarse de malos olores, proliferación de insectos y problemas de salud; en 2017 se le impuso a la CGR una multa por $110 millones a través de la Resolución No. 189 debido al mal manejo en los procesos de coberturas y control de insectos, esta sanción fue solo una entre varias, como consecuencia del incumplimiento constante del concesionario respecto a sus obligaciones contractuales; en 2018 un tribunal arbitral dictó un laudo que declaró el incumplimiento del contrato por parte de CGR respecto a la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y otras obligaciones, este fallo obligó al concesionario a pagar a la UAESP una suma significativa que ascendía a $2.172 millones; las sanciones no terminaron ahí y en 2020 CGR fue sancionado nuevamente por $5.581 millones debido al incumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia que debió formularse en 2017.
A pesar de estas multas, el operador continuó exigiendo al Distrito indemnizaciones por un total de $1,2 billones bajo el concepto de reconocimiento de insuficiencia tarifaria y compensación económica; en abril de 2023 un tribunal arbitral emitió un laudo que resolvió este conflicto: desestimó la millonaria cantidad exigida por CGR argumentando que hubo incumplimiento del contrato y, en cambio, condenó al Distrito a pagarle a la CGR una indemnización por $53.889 millones y a devolverle $6.376 millones por descuentos considerados indebidos. No obstante, esta decisión fue anulada por el Consejo de Estado en agosto de 2024, estableciendo que la tarifa para la remuneración por la disposición final de residuos no era susceptible de arbitraje y que CGR no podrá operar más allá de la licencia vigente, que culminará entre los años 2025 y 2026.
Otro de los aspectos más preocupantes dentro del RSDJ es la contaminación ambiental generada por los lixiviados. Desde 2011, los vertimientos han incumplido con los estándares ambientales establecidos en la norma correspondiente de acuerdo con las bitácoras de seguimiento de los parámetros ambientales de los lixiviados vertidos en el tramo II del Tunjuelo, lo que demuestra que CGR ha incumplido con la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Adicionalmente, lleva más de 14 años contaminado los cuerpos hídricos con metales pesados, coliformes fecales y otras sustancias perjudiciales a la salud pública y al ambiente, y sumado a lo anterior, actualmente el relleno no cuenta con permiso de vertimientos autorizado por la CAR-Cundinamarca, lo que se convierte en un flagrante incumplimiento a sus responsabilidades contractuales y ambientales.
Además del impacto ambiental, el incremento en las tarifas por el servicio de disposición final ha afectado significativamente a los usuarios. Desde 2018 mediante la Resolución 843 de la CRA, se permitió el aumento en un 85% del costo de disposición final y de más de 680% para el costo del tratamiento de lixiviados, impactando así en las tarifas y beneficiando al operador para mejorar sus ganancias en detrimento de los hogares bogotanos que pagan dicho incremento.
En medio de este contexto, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se propone la creación del Parque de Innovación Doña Juana como una posible solución para mejorar la gestión de residuos en Bogotá, proyecto que aún no inicia y que, al parecer, la Administración Galán no adelantará permitiendo la prolongación de la operación de CGR. Nuestra propuesta es que la característica principal de un nuevo modelo de operación del relleno sea la operación pública.
Ahora bien, las y los trabajadores han solicitado ser incluidos en las discusiones sobre el futuro del relleno sanitario y la gestión de residuos en Bogotá, exigiendo que se tomen en cuenta sus voces y necesidades, ya que son ellos quienes enfrentan día a día las consecuencias del mal manejo ambiental y las decisiones administrativas. Así, la creación de un capítulo laboral en la nueva concesión y operación es crucial para garantizar no solo su bienestar, sino también para contribuir a un modelo más sostenible y responsable en la gestión de residuos de cara a cualquier plan futuro, aportando perspectivas valiosas sobre cómo mejorar las prácticas actuales y garantizar un manejo más responsable y sostenible.
En conclusión, el RSDJ representa un reto significativo para Bogotá, por lo que es imperativo que las autoridades asuman un rol más proactivo en la supervisión del concesionario y en garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Al mismo tiempo, se deben explorar alternativas innovadoras que permitan transformar la gestión de residuos en un proceso más sostenible y equitativo para toda la ciudadanía.
La historia del relleno sanitario es un ejemplo claro de cómo una planificación inadecuada y la falta de responsabilidad pueden generar consecuencias graves para el medio ambiente y las comunidades. La situación actual exige un enfoque integral que contemple tanto la reducción en la generación de residuos como un manejo responsable y sostenible del relleno, pues solo así se podrá avanzar hacia una ciudad sostenible y saludable para quienes la habitan.
