La integración de la inteligencia artificial en la seguridad pública ha transformado las ciudades modernas. Sin embargo, la promesa de una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias y la prevención de delitos convive con preocupantes desafíos, como el aumento del cibercrimen y los costos económicos y sociales derivados. Según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia generan un costo de hasta el 3.5% del PIB en algunas regiones de América Latina, lo que revela una urgencia crítica: si no actuamos de manera proactiva, la irrupción de la IA en la seguridad urbana puede convertirse en un arma de doble filo.
Las ciudades inteligentes emplean la IA en múltiples sistemas de seguridad pública: desde la gestión del tráfico hasta la vigilancia predictiva y los centros de control inteligentes. Esta revolución tecnológica promete no solo mejorar la eficiencia operativa de las instituciones encargadas de la seguridad, sino también anticipar situaciones de riesgo con una precisión sin precedentes. Aun así, estos sistemas también son vulnerables a ciberataques sofisticados, lo que plantea una nueva dimensión de inseguridad.
Tomemos el ejemplo de Singapur, este Estado isleño es uno de los más avanzados en la implementación de soluciones de IA, con un despliegue de redes de cámaras inteligentes que utilizan algoritmos para detectar comportamientos sospechosos y alertar a las autoridades en tiempo real. No obstante, este nivel de sofisticación ha venido acompañado de intentos de ciberataques que, de ser exitosos, podrían paralizar servicios críticos. Esta realidad lleva a cuestionar cómo proteger la infraestructura de seguridad digital y a preguntarnos: ¿Estamos preparados para un nuevo tipo de amenaza?
La IA tiene el potencial de revolucionar la seguridad pública en múltiples frentes: algoritmos capaces de identificar patrones delictivos en datos masivos como informes policiales y redes sociales, puede anticipar amenazas y asignar recursos preventivos, a su vez, los sistemas de IA permiten a los cuerpos de seguridad gestionar sus operaciones con mayor eficiencia al asignar personal y vehículos de emergencia en tiempo real según la criticidad de cada evento. Y por supuesto, la IA analiza imágenes de cámaras de seguridad y detecta anomalías que pasarían desapercibidas para los seres humanos lo que es una ventaja para reducir los tiempos de respuesta de los agentes de seguridad.
Regresemos entonces a la otra cara de la IA, en el informe del BID se revela que los costos asociados al crimen no solo se limitan a daños materiales, sino que incluyen una reducción en la productividad y un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y ahora con la IA en juego las cifras pueden dispararse. Los ciberataques a sistemas de seguridad pública tenderán a desatar un caos sin precedentes, por ejemplo asaltos con ransomware (software malicioso) para bloquear sistemas sensibles sobre informaciones judiciales, ataques de denegación de servicio (DDoS) que saturan los sistemas de llamadas de emergencia, retrasando la atención a incidentes críticos, y la manipulación de señales de tráfico o cámaras de vigilancia, que puede causar caos urbano o desproteger áreas vulnerables.
Frente a estos desafíos es necesario un enfoque proactivo y multilateral para garantizar que la seguridad pública 2.0 no se convierta en una amenaza para sí misma. Es crucial que las ciudades desarrollen una infraestructura robusta de ciberseguridad que no solo proteja los datos, sino también los algoritmos y las redes de IA. Esto implica inversiones continuas en innovación y formación de expertos en ciberdefensa. Al igual, las empresas tecnológicas y los gobiernos deben colaborar para desarrollar estándares de seguridad en los sistemas de IA.
En el contexto colombiano, la situación es particularmente delicada. El país ha avanzado en la adopción de tecnologías inteligentes, y esto implica enormes desafíos en términos de ciberseguridad. Un ataque a la infraestructura digital de seguridad podría tener repercusiones catastróficas, especialmente en un entorno donde las organizaciones criminales y las amenazas delictivas son ya de por sí una constante preocupación.
Por ello, es urgente que en Colombia se implementen estrategias preventivas y de colaboración. Las autoridades y la ciudadanía deben tomar un papel activo en la construcción de ciudades más seguras, no solo desde un enfoque físico, sino también digital. Se necesita un esfuerzo conjunto para que la seguridad pública 2.0 sea un instrumento de paz y no un nuevo campo de batalla para el crimen organizado.
