Donald Trump está cumpliendo su propuesta de campaña de perseguir a millones de inmigrantes indocumentados. Cientos de nuestros compatriotas ya han llegado deportados al país, tal como ocurrió durante todas las administraciones estadounidenses anteriores. La diferencia es que ahora van a escalar las deportaciones, con una crueldad que además exponen con orgullo. Alrededor de 240 mil colombianas y colombianos en situación irregular en Estados Unidos están en riesgo.
Son tiempos brutales, en los que Trump y sus amigos (unos racistas, otros multimillonarios) han logrado convertir a los migrantes en un chivo expiatorio de los problemas que sufren los sectores populares estadounidenses. Es común en las extremas derechas; convencer a los “penúltimos” de que los culpables de sus problemas son los “últimos” (los migrantes indocumentados), quienes están todavía más fregados que ellos, y no la extrema concentración de la riqueza.
Contrario a lo que dice la propaganda xenófoba y racista, en realidad quienes migran sostienen con su trabajo buena parte de la economía de los países ricos. También contribuyen a la economía de sus familias y de Colombia entera a través de las remesas, que alcanzaron los 11 800 millones de dólares al año y representan casi un 3% del PIB. Ahora que estas trabajadoras y trabajadores corren peligro, las circunstancias nos obligan a redoblar esfuerzos para construir una Colombia que no pierda a sus hijos e hijas por la falta de oportunidades, en donde quienes retornen puedan construir su proyecto de vida.
La Reforma laboral, aprobada en la Cámara de Representantes y que debe ser discutida pronto por el Senado, busca más estabilidad laboral, mejores ingresos y menos desigualdad. Contribuye a superar un modelo fracasado que precarizó a la clase trabajadora en aras de la competitividad, y de la reducción estructural del desempleo e informalidad. ¡Fracasó en las tres! En este proyecto político, apostamos por un trabajo con derechos y mayor poder adquisitivo, para estimular la economía en su conjunto.
Soy plenamente consciente de que una legislación laboral garantista no es suficiente. Esta no transforma por sí misma la estructura productiva. En realidad, todos los sectores políticos y sociales debemos ponernos de acuerdo para construir un modelo económico de alta productividad, que compita por lo alto, y que sea capaz de sostener mejores ingresos para todas y todos.
Son varios los elementos que nos permitirán lograr ese propósito de país.
En primera medida, fortalecer las instituciones públicas colombianas para lograr construir un Estado “emprendedor” —como lo llama Mariana Mazzucato—, que planifique y coordine los esfuerzos mancomunados en función del desarrollo. Necesitamos que la gestión pública no solo esté para “corregir fallas de mercado”, sino para generar riqueza pública y privada.
Contrario a lo que dicen algunos políticos centristas y de derecha, que luego de gobernar toda la vida ahora quieren convencernos de que tienen todas las soluciones, este gobierno ha avanzado en la construcción de instituciones para estos propósitos. Ahora nuestro Estado sabe viabilizar proyectos para entregarle proyectos energéticos a las comunidades y también para comprar y entregar más tierras que ninguno de los gobiernos anteriores.
A la par, resulta urgente llevar a cabo transformaciones en el sistema educativo. Sin perder de vista que parte de su misión debe ser promover la libertad de pensamiento y el razonamiento crítico, vale la pena avanzar en la pertinencia de la formación profesional, técnica y tecnológica para responder a las necesidades del aparato productivo. Y estas necesidades no son solamente las expectativas legítimas del empresariado, sino que deben definirse a partir de los intereses de las mayorías y de las necesidades estratégicas del país.
Debemos, además, continuar en la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento. La mejora durante el 2024 de las exportaciones no tradicionales, el comportamiento extraordinario del sector agropecuario, los logros en turismo, la recuperación del crecimiento económico y de la inversión son indicadores de que estamos caminando por el camino correcto.
Estoy segura de que sobre varios de los aspectos que he mencionado nos podríamos poner de acuerdo a pesar de las diferencias ideológicas. Sin embargo, hay un desacuerdo fundamental con la derecha política, empresarial y mediática del país.
Insisten tercamente, a veces de manera fundamentalista, en que la rentabilidad y la competitividad de nuestra economía son absolutamente incompatibles con los derechos laborales y con un acuerdo por una menor desigualdad económica y social. También los veo más obsesionados con sus ataques implacables al sindicalismo, que en Colombia es sujeto de reparación colectiva y un baluarte de nuestra democracia, que con llegar a acuerdos sobre estos desafíos.
Pero no hay que desfallecer, ni en la lucha por nuestras convicciones ni en el empeño por llegar a acuerdos. Más allá del enfrentamiento político, confío en que eventualmente lograremos un compromiso para construir un país a la vez más productivo y más justo, que pueda acoger con alegría y promesas de futuro a quienes vuelvan a su tierra para rehacer su vida.
