Luego de un primer debate llevado a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta el derecho fundamental a la educación hará su tránsito al debate en la plenaria de la Cámara, es decir, avanzará en el segundo de cuatro debates. Sin duda este es uno de los proyectos que ha generado mayor consenso de todos los actores sociales, incluidos los partidos políticos, pues existe un acuerdo como sociedad sobre el rol trascendental que juega la educación para contribuir a resolver las desigualdades del país.
Para este segundo debate hemos desplegado sesiones de trabajo extensas que buscan recoger apuestas de todos los sectores. Hicimos un análisis exhaustivo de las proposiciones radicadas en el primer debate (más de 200 propuestas) y emprendimos el diálogo con el fin presentar una ponencia que cuente con todas las voces. Asimismo, producto del primer debate hubo algunos compromisos para trabajar con mayor detalle temas de interés, tal es el caso del enfoque de género, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación inicial, mesas de trabajo que se llevaron a cabo y que han permitido robustecer el documento que se debatirá en plenaria. Asimismo, se realizó un foro especializado promovido por la Bancada Multipartidista por la Educación que ahondó en temas como la virtualidad y las modalidades semipresenciales o hibridas.
Dentro de los principales consensos se encuentra la necesidad de la creación de un sistema educativo integral e integrado que mejore las condiciones de acceso, permanencia, calidad y graduación, estableciendo la educación no como un momento de la vida, sino para toda la vida en clave de la dignidad humana. Se ha realizado una armonización de esta ley con las leyes vigentes, trayendo a la actualidad los desarrollos jurisprudenciales que han amplificado el sentido y entendimiento de los derechos. Uno de los grandes avances es la reglamentación del derecho fundamental a la educación del campesinado y personas en la ruralidad, así como para jóvenes, adultos y personas mayores, personas reincorporadas y en proceso de reincorporación, personas privadas de la libertad, personas con talentos o capacidades excepcionales y doble excepcionalidad, personas con trastornos específicos del aprendizaje, personas en condición de enfermedad y personas gestantes.
Los temas que más han recibido propuestas son los principios. En la actualidad la ponencia recoge 24 principios entre otros: equidad, universalidad, igualdad, inclusión, autonomía escolar, interculturalidad, gratuidad, transparencia y enfoque de género. Lo relacionado con la educación inicial se está construyendo con la participación de todos los sectores interesados: Ministerio de Educación, ICBF, los congresistas interesados, las madres comunitarias, las asociaciones de padres y madres entre otras.
La apuesta central es por evidenciar la estrecha vinculación de la dignidad humana con el derecho fundamental a la educación, así como el papel de este en la construcción de una sociedad mucho más justa, digna y equitativa. Ahora bien, esta ley constituye un punto inicial que, si bien no resuelve todas las problemáticas de la educación, puede ser un instrumento normativo nuclear que contribuya a la necesaria modernización de toda la legislación relacionada con el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles.
La discusión sigue abierta y esperamos poder generar consensos y acuerdos con toda la sociedad, los estudiantes, rectores, profesores, trabajadores y empresarios con el fin de construir una ley en pro del país. El trámite está en curso y será el escenario democrático, la participación ciudadana y la deliberación en el Congreso de la República la que nos lleve a un resultado que seguramente generará beneficios incalculables para nuestro país, no solo para las generaciones presentes sino sobre todo para las generaciones futuras.
