Este gobierno cocina sus decisiones en las recetas de la ideología. Y ello implica que las decisiones, antes de tomarlas ya están tomadas, las toma el dogmatismo como en otros contextos, las toma el miedo o el carácter. Petro no decide, sino que la ideología decide por él y, entonces, Petro es predecible, es rehén del dogma. Esa es su trinchera de combate y su cárcel.
Y un fanático político e ideológico atropella todos lo que está fuera de su marco y ante ello no puede haber neutralidad ni silencio. Por eso, ni los cesarenses, guajiros, los gremios, los gobernantes ni los políticos pueden permanecer neutrales ni mudos. Sería un error, error que han venido, muchos, cometiendo.
En este sentido, recojo las palabras de Claudia Margarita Zuleta cuando afirma que es torpe pasar por neutral o por tibio ante la medida e invita a unirnos en un manifiesto ciudadano dirigido al Gobierno en el que consigne lo que podría ser la política minero-energética de Colombia y los pilares para una transición energética justa.
La prohibición es inane porque no afectará el consumo de Israel, que simplemente comprará carbón a otro proveedor. Mientras tanto, un gobierno con serias dificultades en el recaudo fiscal, que se está quedando sin caja, (esta semana el Senado pedía que le giraran y varias entidades del gobierno no han podido pagarle a sus contratistas), decide prescindir de 650 mil millones de pesos en impuestos, regalías y otros ingresos. De estos, 100 mil millones irían a La Guajira y el Cesar, recursos que financian programas esenciales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), dinamizan las economías locales y satisfacen necesidades sociales críticas. La prohibición, por tanto, no solo es absurda, sino inmoral.
Esta decisión, dictada por una ideología que ciega al presidente, perjudica
directamente a la gente y a los territorios, generando caos, odio y desconfianza. Crea un ambiente hostil para los negocios, afecta el encadenamiento productivo del carbón y, en última instancia, el bolsillo de los colombianos. Asimismo, expone al Estado a un enorme riesgo jurídico que, inevitablemente, terminarán pagando todos los ciudadanos.
Es ilegal. Otra vez el presidente, desafía o desatiende, flagrantemente, el orden jurídico colombiano, ese que le importa un pito como cuando ordenó, sin ley alguna, cambiar el escudo nacional y agregarle orden justo o cuando acató, cuando le dio la gana, la suspensión del canciller Leyva o ahora, con un decreto que quebranta una ley de la república que aprobó el tratado de libre comercio con Israel.
Petro parece sufirir lo que Pinker llama "progresofobia": visión catastrofista y la fórmula es, pesimismo y miedo para erigirse como mesías, aunque sacrifique a Colombia en una combinación psicótica de salvador y condenador. Cree salvar pero condena. Pasa con la salud,la transición energetica, la Paz Total y el Cesar y La Guajira. Ante ello, la neutralidad, la tibieza y el silencio son malas respuetas.
