Los mandatarios locales en Colombia tienen una responsabilidad ineludible desde el primer día de su gobierno: garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en sus territorios. Sin embargo, las cifras muestran que gran parte de ellos no han cumplido con el diseño e implementación oportuna de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), herramienta clave para abordar estos desafíos.
Según la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, los alcaldes y gobernadores cuentan con 6 meses a partir del inicio de su período para formular y aprobar sus PISCC, alineado a sus planes de desarrollo territorial. No obstante, al inicio del décimo mes de gestión de los mandatarios solo la mitad de los municipios y departamentos han sistematizado efectivamente estos instrumentos en el Sistema de Planeación Territorial (SisPT) según el reporte de la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
Esto es preocupante si se tiene en cuenta que, en el 2023 se registraron 13.555 homicidios y en lo transcurrido del 2024 se han presentado 9.833 homicidios, la seguridad continúa en números rojos, en parte porque la mayoría de autoridades locales no han logrado desplegar de manera oportuna y efectiva sus estrategias de prevención y control del crimen. Además, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos no se corresponde con las cifras oficiales, lo que genera un profundo descontento y desconfianza hacia las instituciones.
La percepción negativa sobre la capacidad de los mandatarios locales para garantizar la seguridad ha llevado a una crisis de confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes. Esto se refleja en el aumento del miedo y la incertidumbre en la vida cotidiana. La ausencia de políticas integrales y efectivas ha contribuido a una fragmentación social donde las comunidades se sienten abandonadas y vulnerables ante la violencia y el crimen.
Más que una obligación legal, el diseño e implementación de los PISCC debería ser una prioridad ética y política para los mandatarios locales. Lamentablemente, la evidencia sugiere que muchos de ellos han quedado atrapados en medio del fenómeno de “difusión de responsabilidad”, al delegar esta tarea o simplemente posponer su cumplimiento. La carencia de lineamientos claros sobre los tiempos de formulación y vigencia de los PISCC ha generado una “esquizofrenia” en su abordaje, donde cada mandatario establece sus propios cronogramas, sin mayor articulación con el nivel nacional.
Es imperativo que los gobiernos locales prioricen la formulación y puesta en ejecución efectiva de los PISCC. Para esto se requiere fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los entes territoriales, a través de una mayor asistencia y acompañamiento del Gobierno Nacional; establecer mecanismos vinculantes de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los PISCC con indicadores claros y transparentes; promover una mayor articulación interinstitucional y participación comunitaria en la construcción de estos instrumentos de planeación; y garantizar la continuidad y sostenibilidad de las estrategias de seguridad más allá de los cambios de gobierno.
Un ejemplo de la importancia y el valor de desarrollar los PISCC es la ciudad de Tunja, que ha demostrado cómo la implementación de estrategias de seguridad mejoran la convivencia ciudadana y reduce la criminalidad. A través de diversas iniciativas y el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad, la ciudad ha logrado avances significativos en su lucha contra el delito, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras localidades en Colombia.
En conclusión, la seguridad no puede ser solo una promesa de campaña electoral sino una prioridad tangible en las agendas administrativas. Las autoridades locales deben asumir su responsabilidad frente a sus comunidades y actuar con determinación, planeación y organización para garantizar un entorno seguro y propicio para todos, solo así podremos construir un futuro donde la convivencia ciudadana sea una realidad palpable.
