Ante la crisis producida por el Covid-19, las paradojas son una constante. Pedimos a los gobiernos que tomen decisiones basadas en evidencia, pero la coyuntura obliga a la rapidez. El hambre y la salud no dan espera y debemos decidir prontamente qué hacer y cómo invertir los recursos con la información disponible. Ante este panorama, diferentes gobiernos –tanto nacionales como locales– han acudido a una herramienta útil y no tan costosa: el desarrollo de plataformas tecnológicas. Éstas tienen, en esencia, dos grandes objetivos: salvar vidas evitando la propagación del virus e identificar a la población prioritaria a la que deben ir dirigidas las ayudas. Si bien estos dos objetivos son loables, debe existir total claridad de cómo los gobiernos manejarán los datos de las personas. En una época donde los datos son más valiosos que el oro, la transparencia sobre su uso resulta imprescindible.
Pocas semanas después de que la pandemia llegara a la ciudad, la Alcaldía de Medellín lanzó una plataforma digital llamada Medellín Me Cuida. En un principio era una herramienta utilizada para entregar ayudas humanitarias, pero ahora cumple varias funciones, entre las que se encuentran: tener un control del ingreso a centros comerciales, tener registro de las empresas que volvieron a sus labores y establecer mapas y cercos epidemiológicos para poder identificar, a través de la factura de servicios públicos, qué personas están en riesgo de contagio por su cercanía con el paciente infectado, ya sea en su entorno residencial o laboral.
Sin duda, el uso de datos puede resultar en una herramienta de gran utilidad para el período de pandemia. Podría asumirse –sin afirmar que exista causalidad– que los resultados positivos de Medellín respecto al número de contagios y de muertes, se deben a la responsabilidad ciudadana y a las diferentes estrategias implementadas por la administración municipal en donde Medellín Me Cuida ha sido protagonista. Estos buenos resultados le han permitido a la ciudad ser una de las primeras en Colombia en reabrir el comercio e incluso se está contemplando reabrir el sector de los restaurantes. El buen uso de las herramientas tecnológicas no debe demeritarse. Son un instrumento que, bien diseñado e implementado, puede ser muy útil para enfrentar la pandemia.
Sin embargo, las plataformas tecnológicas que recopilan y almacenan datos públicos, semiprivados y privados de los ciudadanos, deben ser tomadas con pinzas por la importancia y sensibilidad de la información recopilada. A nivel internacional ya se han documentado varias medidas excesivas –rayando con lo totalitarias– en donde los gobiernos traspasan, bajo el argumento del estado de excepción, la esfera privada del individuo. En el nivel local, se han planteado serias inquietudes frente a la información solicitada por la Alcaldía de Medellín. Recientemente, el profesor Esteban Hoyos publicó una columna en donde advierte los posibles conflictos entre el Decreto 573 de 2020 y los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data y a la iniciativa privada. La Fundación Karisma, por su parte, sacó un informe en el que afirma que si bien la Alcaldía ya expidió unos términos y condiciones sobre Medellín Me Cuida, las finalidades de la plataforma siguen siendo vagas e incorporan pocas normas de protección de datos.
En este sentido, como concejal y ciudadano de Medellín, quisiera formular una serie de preguntas frente a la plataforma con el propósito de encontrar respuesta por parte de la alcaldía y de aportar a este importante debate. Las inquietudes que enlisto a continuación las realizo basándome en los lineamientos éticos que publicó recientemente la revista Nature, en los términos y condiciones para el uso de Medellín Me Cuida-Familias y en las diferentes dudas que la ciudadanía me ha manifestado:
- La primera pregunta que se debe hacer al momento de desarrollar una plataforma de este tipo, es por la necesidad de la aplicación dentro de la estrategia epidemiológica. ¿Es Medellín Me Cuida el instrumento adecuado para responder al problema de salud pública? ¿qué estudio existe al respecto que indique que este era el mejor instrumento para responder a esta problemática?
- Preguntarnos por la efectividad es de suma importancia, pues de no serlo se estaría recolectando información sensible que no está teniendo la suficiente utilidad. Y aunque a través de medios de comunicación (ver nota) los secretarios de despacho y el mismo alcalde han hablado de la efectividad de la plataforma, no hay datos o estudios de acceso público que lo demuestren. ¿Realmente la plataforma ha sido efectiva, oportuna y precisa?
- ¿Es voluntario inscribirse en la plataforma? En caso de no inscribirse en ella, ¿hay alguna sanción? Esta pregunta es bastante importante dentro del contexto del Decreto 573 de 2020, pues como lo dice el profesor Hoyos, el decreto establece que puede haber sanciones penales o pecuniarias por no cumplir lo allí escrito.
- ¿Se utiliza la plataforma solo con fines preventivos? Esta pregunta cobra relevancia pues hace unos días un juez falló a favor en una tutela interpuesta por una ciudadana, argumentando que la plataforma vulnera los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data y al trabajo. Esto, pues la plataforma obliga a la persona a inscribirse para poder trabajar.
- Siguiendo las sugerencias de la Fundación Karisma, es importante conocer específicamente quiénes son los responsables de manejar los datos al interior de la Alcaldía. Es preocupante que no se conozca en detalle quiénes son los funcionarios encargados de estos datos y más cuando algunos medios han advertido un posible conflicto de interés. Adicionalmente, es necesario contar con mecanismos de supervisión y control tanto propios como externos, ya que esto permite conocer sobre la ejecución, la eficacia y los elementos que requieran ser corregidos.
- Finalmente, en el octavo término y condición enumerado por la Alcaldía, se dice que la información recopilada puede ser compartida y transferida con “fines de salud, estadísticos, generación de reportes” a entidades gubernamentales, de salud y demás. Pese a que se afirma que la información transferida será anónima y el mismo alcalde ha dicho que la información está protegida, la amplitud de la norma permite que los datos sean transferidos a entidades no detalladas. En este sentido, es importante que taxativamente estén enunciados a cuáles autoridades se les puede trasladar la información.
Como he dicho, no estoy en contra del uso de la tecnología. Creo que en Medellín estamos haciendo las cosas bien y eso lo demuestran los resultados. Sin embargo, es importante que la Alcaldía se tome en serio las preguntas que desde la institucionalidad y la sociedad civil estamos realizando. Es más ético y conveniente resolver las dudas legítimas de los ciudadanos que intentar descalificarlas; de la celeridad y transparencia de sus respuestas depende la confianza que la ciudadanía tenga en este tipo de plataformas y en la alcaldía misma.
Que la crisis no sea una excusa sino una oportunidad para abrir y fortalecer el debate sobre este tipo de plataformas tecnológicas. No olvidemos que un mal manejo en el uso de esta información no solo crearía un problema político, sino que, más grave aún, se estaría incurriendo en una violación a las libertades civiles y a los derechos humanos
