La reciente escalada de violencia en Colombia es alarmante y multifacética, en especial por el atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca esta semana, lo que ha puesto en vilo el proceso de negociación con el grupo guerrillero. Este ataque, que dejó dos soldados muertos y decenas de heridos, refleja la ausencia de voluntad política de negociar la reinserción a la vida civil del ELN, y evidencia la fragilidad de la iniciativa de la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro.
El atentado ha llevado al ejecutivo a suspender las negociaciones, lo que plantea la pregunta: ¿es posible encontrar una salida a esta situación histórica? Con un contexto marcado por la violencia y la desconfianza, la búsqueda de la paz enfrenta obstáculos significativos. Las expectativas de un diálogo constructivo se ven opacadas por acciones que socavan la confianza necesaria para avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto. En este sentido, estos recientes acontecimientos complejizan el ya oscuro panorama y deja sin margen de maniobra al gobierno para romper este ciclo de violencia y frustración.
En el Primer Informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional para junio de 2024 se manifiesta que desde 2019 la presencia del ELN ha aumentado de 149 a 232 municipios, lo que da la certidumbre de las verdaderas intenciones de este grupo subversivo en el propósito de incrementar su expansión territorial para controlar las economías ilegales que se presentan en estos lugares.
El análisis de este informe revela una serie de tendencias preocupantes en materia de seguridad ciudadana en Colombia. El incremento sostenido en los homicidios, secuestros y extorsiones es un claro indicativo de que las políticas actuales no están siendo efectivas, reflejan un entorno donde la paz sigue siendo esquiva, y plantea serios desafíos para la seguridad pública y el bienestar de toda la sociedad.
El fin de las negociaciones con el ELN es una clara muestra de las dificultades históricas de los diálogos de paz en Colombia, en especial con actores armados cuya voluntad de negociación parece ser fluctuante y oportunista. Tras una serie de acciones violentas correspondientes al modus operandi de este grupo ilegal como asesinatos, secuestros y ataques a la infraestructura petrolera, ha demostrado una clara intención de desestabilizar, y generar incertidumbre tanto en los habitantes de las regiones afectadas como en la Fuerza Pública.
Es preocupante que, a pesar de las concesiones hechas por el gobierno del Presidente Petro, la guerrilla no haya mostrado una real disposición al diálogo, y utilizan la violencia como mecanismo de presión. Este tipo de acciones no solo suponen una afrenta a los esfuerzos de paz, sino que agravan la inseguridad en las zonas históricamente afectadas como Arauca, Norte de Santander y Chocó, donde el Estado ha sido incapaz de garantizar la presencia efectiva de sus instituciones.
La posibilidad de acciones terroristas en zonas urbanas también es un indicador alarmante de que el ELN busca proyectar fuerza y demostrar su capacidad de delinquir tanto en áreas rurales como en ciudades. La Fuerza Pública se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no solo ante los ataques directos, sino ante la eventualidad de generar un ambiente de zozobra en la población civil.
La experiencia indica que, cuando los grupos armados sienten que no tienen nada que perder, recurren a estrategias de alto impacto, como paros armados, confinamientos y desplazamientos masivos, lo que conduce a crisis humanitarias en zonas estratégicas. Ante este panorama, es crucial fortalecer la inteligencia, la prevención en las capitales y, sobre todo, aumentar la presencia del Estado, y no solo con Fuerza Pública sino con todo el establecimiento del gobierno, en las regiones más afectadas para mitigar los efectos del conflicto.
