La indignación que siento ante los crímenes que afectan a nuestros niños y adolescentes es profunda. Cada caso de abuso o asesinato resalta la fragilidad de la infancia y la urgente necesidad de protegerla. Sin embargo, aunque la frustración es comprensible, debo reconocer que la cadena perpetua no es la solución. ¿Dónde queda el cumplimiento de nuestra Constitución cuando tantos niños son víctimas de crímenes atroces? La justicia parece ser para los criminales, no para las víctimas. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esto?
La Constitución de Colombia prohíbe penas que vulneren la dignidad humana. El artículo 34 establece que "ninguna persona puede ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes". Esta visión ha sido reafirmada por la Corte Constitucional, que ha declarado la inconstitucionalidad de la cadena perpetua, resaltando que no garantiza una mayor protección para las víctimas. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué tantos niños han sido sometidos a situaciones crueles, inhumanas y degradantes? ¿Dónde está la justicia para ellos?
La clave para la seguridad de nuestros menores no radica en la cadena perpetua, sino en un sistema judicial efectivo que, además de castigar, proteja a nuestros niños. La idea de que penas más largas previenen delitos no se sostiene; lo que realmente importa es la eficacia del sistema penal. Pero, ¿por qué el sistema penal no ha demostrado ser efectivo? La efectividad se traduce en la captura y condena de los criminales, pero necesitamos más que solo palabras.
Como sociedad, es natural clamar por la cadena perpetua ante crímenes tan atroces. Sin embargo, la verdadera justicia no se trata solo de castigos; debemos fortalecer las políticas públicas y crear programas de educación y detección temprana de la violencia. ¿Por qué, a pesar de la existencia de un sistema de protección infantil en todos los municipios, seguimos viendo violaciones y asesinatos de niños? Necesitamos un entorno seguro y efectivo para todos.
Confieso que estoy en una encrucijada: por un lado, siento la urgencia de justicia frente a los ataques contra la infancia, pero mi formación me impulsa a buscar soluciones dentro del marco legal. La indignación es válida, pero debemos convertirla en acciones concretas que respeten la dignidad humana. La Constitución del 91 es clara: en Colombia no se permiten penas inhumanas. La Corte Constitucional anuló la Ley de “Cadena Perpetua para Violadores de Niños” porque contradice principios fundamentales. ¿No es tiempo de redirigir nuestro enfoque hacia soluciones prácticas y efectivas?
La búsqueda de justicia es legítima, pero debemos ser responsables en nuestras demandas. La cadena perpetua plantea dilemas éticos y legales profundos. Necesitamos trabajar por un futuro donde los Derechos de los niños estén protegidos, donde no tengamos que lamentar más atrocidades. En este sentido, ¿dónde están los derechos de los niños violentados y asesinados? La clave está en equilibrar la necesidad de justicia con el respeto a la dignidad humana, asegurando que nuestros niños tengan el futuro seguro y protegido que merecen.
