La ley estatutaria de educación del gobierno nacional es un decálogo de derechos que no resuelve la crisis de calidad e inequidad que tiene nuestro sistema. En la búsqueda de un acuerdo pedí hacerle cinco modificaciones al proyecto que buscan mejorar la educación: evaluación docente, competencias mínimas, sistema mixto, empleabilidad como criterio y autonomía universitaria.
La evaluación de los docentes es fundamental para proponer mejoras y para ir logrando un cuerpo docente de la mejor calidad posible. Colombia no tiene buen nivel en su educación básica. Perdemos reiteradamente las pruebas PISA. En 2022, el país ocupó el puesto 64 de 81 países evaluados en matemáticas y en Lectura ocupó el 54. Lo más grave es la diferencia en los resultados en las pruebas de Estado entre colegios públicos y privados. Estos últimos obtienen 28 puntos más en promedio y en pandemia la diferencia llegó a ser 32 puntos. Por eso introduje la necesidad de fortalecer las competencias básicas: lectoescritura, matemáticas y ciencias. Curiosamente no estaban en la ley, cuando son lo básico que cada estudiante debe adquirir y en lo que fallamos de manera radical.
Propuse como uno de los elementos de evaluación del profesor, los resultados de los estudiantes en la materia. Comprendo, por supuesto que los resultados del estudiante no dependen enteramente del profesor, hay factores sociales, de entorno, entre otros, que los afectan. Pero tampoco es cierto que el profesor no deba hacerse al menos en parte responsable de que el estudiante adquiera los conocimientos: un estímulo positivo en ese sentido podría generar buenas dinámicas. En la segunda conversación con el gobierno accedí a modificaciones que reconocieran los contextos de los estudiantes, incluso que fuera solo un estímulo favorable (es decir que tomáramos solo el efecto positivo sobre el profesor cuando los resultados de los estudiantes fueran positivos). El gobierno consultó a FECODE y también lo rechazaron. La evaluación tiene que hacerse y la promoción de los maestros como su permanencia debe estar estrictamente ligada a ella.
FECODE salió a paro nacional porque consideran que sus 322 mil profesores no deben ser evaluados según los resultados de sus estudiantes. Las directivas del sindicato siguen concentradas en la defensa de sus prebendas laborales por encima de la calidad: es como si no vieran que hoy lo que tenemos es un sistema de mala calidad. La legalidad de una huelga por las propuestas de los congresistas me parece altamente cuestionable.
Me duele especialmente que no tengan consideración sobre el devastador efecto que tiene sobre los niños. Son más de 8 millones de niños sin colegio. Pero el país se ha vuelto tolerante a estos abusos como los vimos durante y después de la pandemia, donde el sindicato mantuvo clases virtuales casi dos años mientras los colegios privados solo lo hicieron unos meses.
Un estudio de la Universidad Javeriana reveló que los estudiantes pierden 72 días al año en paros de maestros: 28 paros al año, en promedio.
Introduje la empleabilidad como un criterio para la educación. La educación debe tener en cuenta el aparato productivo del país, y apuntar a que el ciudadano pueda construir su empresa, su negocio, o conseguir un empleo.
También logramos que se protegiera el sistema mixto educativo. Los recursos del Estado para educación deben garantizar el acceso a la educación de calidad. El país ha tenido programas exitosos como los colegios en concesión o el programa “Ser Pilo Paga”. El ICETEX le ha dado la oportunidad de estudiar un pregrado a más de 3,9 millones de estudiantes y en posgrado a más de 104 mil. Estos programas han garantizado una educación de calidad para los estudiantes sin importar que sea pública o privada. El bien público es la educación y quien la presta es indiferente. Es el ciudadano o el padre o la madre en el caso de los niños quien tiene la mejor información para decidir. Los sistemas mixtos permiten reducir la congestión en la educación pública, y sobretodo promueven la activa decisión y participación de los padres o de los jóvenes en las decisiones que les conciernen. No es cierto que el proyecto obligue a los subsidios a la demanda, simplemente no los veta.
La autonomía universitaria, que estaba siendo amenazada por la propuesta de imponer la elección por voto directo de los directivos en todas las IES, quedó otra vez protegida. Politizar las universidades no es una idea aceptable. Basta ver los abusos del gobierno en la Universidad Nacional para comprenderlo.
Es una pena que hayan desconocido un acuerdo que beneficiaba a Colombia.
