El gobierno de Gustavo Petro debe sin lugar a duda aumentar la ejecución presupuestal pues es a través de las políticas y los programas sociales que podrá cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y la promesa de cambio que representa este proyecto político. Sin embargo, se ha posicionado en la opinión pública la falsa premisa según la cual estamos ante un gobierno anti técnico, sin rumbo y capacidad de ejecución. Miremos los argumentos, las cifras y evaluemos.
Según el informe del Centro de Estudios Económicos ANIIF, altamente replicado por los medios, la ejecución presupuestal a marzo para inversión en este año se “situó en 9,3%, 15,9% por debajo de la ejecución esperada del 25%”. Se le olvida decir que ningún gobierno ha logrado llegar a esa ejecución (obligación/apropiación), sólo Santos se acercó en su segundo mandato cuando llevaba 6 años en el poder con una ejecución del 21,3%. En ese mismo corte, Duque tenía una ejecución en el 2019 del 11,1%, en el 2020 de 11,5% y 2021 del 10,3%.
El informe de la Contraloría, que llama la atención sobre la ejecución del presupuesto incluye, al igual que ANIIF, sectores que no dependen del Gobierno Nacional como la Rama Judicial con una ejecución del 0,1%, la Registraduría con el 0%, los organismos de control con un 1,4% y el Congreso de la República con 2,5%.
No se encuentra un comentario o línea editorial que llame la atención sobre la baja ejecución presupuestal de las otras ramas del poder ¿Por qué? Es claro que se busca posicionar en la opinión pública un descontento en torno al gobierno y su actuar en cada entidad que cala, no solo en la derecha y el centro, sino también en algunos sectores de la izquierda.
Arrojar hipótesis globales sobre el rezago en la ejecución es ligero dado las dinamicas específicas de cada sector, sin embargo, esto puede deberse a una sumatoria de factores que pasan por la resistencia natural al cambio de las entidades en la forma de contratar[1], el saboteo y, claro, la inexperiencia de algunos funcionarios.
A pesar de ello, este “desgobierno” en 20 meses ha logrado 674 mejoramientos y obras nuevas en colegios oficiales y 469 establecimientos educativos nuevos, beneficiar a 519.408 hogares en extrema pobreza con el programa renta ciudadana, dar cobertura a 1.286.544 hogares con equipos básicos de salud en los 518 municipios más pobres del país, reducir en 45% las muertes de niños Wayuu por desnutrición, que se revalúe el peso un 20,4% sólo el último año y más.
A corte de marzo, con base en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo se ha ejecutado un 35 % del programa que se equipara a la ejecución de otros gobiernos.
Es claro que no podemos ser conformistas, el gobierno lo sabe, debe mejorar la ejecución, transmitir los logros de una manera más eficaz y articularse mejor para cumplir el cambio prometido. Pero, contrario a lo que postula los medios, este no es un gobierno sin rumbo, el horizonte es claro, cumplir lo prometido en campaña y sin desconocer las críticas, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido consecuente con este propósito.
[1] La directiva presidencial que prohíbe la adjudicación de licitaciones con un único proponente y se privilegie la licitación por encima de la contratación directa, además, de la voluntad de contratar con Juntas de Acción Comunal y miembros de la economía popular.
