En los últimos días, se ha desatado un intenso debate sobre el tipo de educación que necesita un país marcado por la extrema desigualdad, como Colombia. Esta discusión se desató, principalmente, debido al trámite legislativo del Proyecto de Ley Estatutaria que buscaba desarrollar el derecho fundamental a la educación, cuyo recorrido, sobre todo en el Senado de la República, fue complejo producto de una enmienda que como desde el mismo día de su aprobación señalamos, desconoció consensos construidos en la Cámara e impuso aspectos regresivos. Esta enmienda privilegió el negocio por encima del derecho. Uno de los sectores más afectados fue el magisterio colombiano, representado en gran parte por la Federación Colombiana Educadores –FECODE.
Esta colectividad, que recientemente celebró 65 años de historia, además de haber contribuido en la educación y formación de todas las generaciones del país, ha luchado por la defensa de la educación pública, la dignificación de la profesión docente y los derechos de los colombianos y colombianas. A pesar de las legítimas preocupaciones surgidas a raíz de la enmienda, algunos sectores de la sociedad aprovecharon la situación para propagar discursos de odio injustos y reprochables dirigidos hacia los maestros y maestras. Es por eso que, en este escrito más allá de hacer un recuento detallado del trámite legislativo, cosa que ya he realizado en diversos medios, reivindicaré la historia de la Federación, su contribución para el logro de una sociedad más justa y su importancia actual como un actor determinante no solo para el sector, sino para el país.
La Federación fue fundada el 24 de marzo de 1959 bajo la consigna “Por la unidad del magisterio y la educación colombiana”. En un contexto marcado por el clientelismo en el sector, desde el primer momento lucharon por condiciones laborales dignas y justas para los docentes. Se movilizaron para exigir el pago oportuno del salario (pasaban más de seis u ocho meses sin recibir remuneración o se les pagaba en especie con botellas de licor o mercancías) y la estabilidad laboral (no existían reglas claras de ingreso o desvinculación más que la decisión de un político de turno). Uno de los grandes hitos a nivel de la movilización fue la “Marcha del Hambre” realizada en 1966, por medio de la cual los maestros encararon al gobierno de Carlos Lleras Restrepo exponiendo su precaria situación.
Estas primeras luchas reivindicativas llevaron a la construcción de propuestas de impacto nacional como la creación de un Estatuto Docente que estableciera los parámetros claros de ingreso, permanencia y garantías de los maestros. El Estatuto aprobado en 1979 fue la herramienta clave para desterrar el clientelismo en la educación. Una vez logrado el Estatuto Docente, los esfuerzos de la Federación se concentraron en impulsar una gran reforma de la educación y la enseñanza por medio del “Movimiento Pedagógico”, que tenía como finalidad la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y educativas en pro de toda la sociedad colombiana. El impulso de esta iniciativa demostró que la Federación era mucho más que un proyecto sindical. Producto de este proceso se logró la expedición de la Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”. Esta Ley en su artículo 9° estableció que el derecho a la educación se regiría por una ley especial de carácter estatutario. Posteriormente con el auge del neoliberalismo y el impacto trasversal de las políticas de flexibilización en todos los sectores (finales de los 80 y principios de los 90), la Federación resultó muy afectada, pero continúo su resistencia poniendo de presente no solo sus justas reivindicaciones gremiales sino la necesidad de una educación pública, al servicio de la sociedad y no del negocio que venía consolidándose en la educación. Pero no solo el neoliberalismo intentó arrasar con los maestros, también la violencia directa impulsó un exterminio.
En el Informe de la Comisión de la Verdad se señaló frente a la violencia contra el Magisterio, que su objetivo fue neutralizar su capacidad de organización y movilización para el reclamo de sus derechos y de la educación pública. El caso presentado por FECODE indicó que fueron 6.000 maestros y maestras los que fueron asesinados en todo el país en el marco del conflicto armado. Sentido homenaje se debe hacer frente a la lucha histórica del magisterio y sus múltiples conquistas por la educación del país.
Sin lugar a duda, la presencia de la Federación ha llevado a avances importantes cuyo impacto se siente en toda la sociedad. Se equivocan quienes creen que una reforma educativa se hace sin o contra ellos. La mejora de la calidad educativa pasa indiscutiblemente por una educación pública estatal financiada con recursos públicos, con infraestructura adecuada, personal docente suficiente, idóneo, con formación y capacitación, reivindicaciones todas del Magisterio que el gobierno y su bancada comparten.
A pesar del contexto, la coyuntura actual es valiosa en tanto permitió no solo exponer el choque de perspectivas sobre el sistema educativo: unas en pro del negocio y detrimento del derecho y otras que pretenden robustecer una educación pública con garantías de financiación, científica y que contribuya a los intereses de toda la sociedad, sino porque nos permite reivindicar el papel trascendental, transformador y propositivo que ha tenido el magisterio colombiano. Décadas de lucha, vidas entregadas a esta causa, hacen que estemos en la obligación como sociedad de reconocer y destacar la labor realizada. Es hora de exaltar la importancia de los maestros y maestras, superar los prejuicios infundados y reafirmar que sin condiciones dignas y justas para los profesores, no hay derecho fundamental a la educación.
