Cada año, las lluvias traen consigo no solo agua sino destrucción en este exótico y único ecosistema, donde convergen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Las viviendas se inundan, los cultivos se pierden, y miles de familias se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio. Esta situación no es nueva; es una problemática crónica que parece no tener fin, y cada temporada de lluvias revive las mismas imágenes de desolación y desesperanza.
En 2010, empezó el padecimiento constante de los habitantes de la Mojana, que, hasta la fecha, sigue sin tener una solución definitiva. Ese año, la ola invernal asociada con el Fenómeno de La Niña, catalogada como uno de los peores desastres naturales en la historia de Colombia, afectó a más de 100 mil personas e inundó alrededor de 25 mil hectáreas de cultivo. Nuevamente, en 2011 y 2017, las inundaciones afectaron a miles de personas y causaron daños significativos en infraestructuras y cultivos.
En agosto de 2021 el rompimiento del dique en el sector Caregato (San Jacinto del Cauca, Bolívar), provocó graves inundaciones, afectando a más de 166,000 personas y causando daños extensos en los municipios circundantes. Posteriormente, en abril de 2022 se invirtió en una obra que habría costado 20.898 millones en un intento por cerrar el boquete, pero el río se llevó tanto el intento como la inversión.
Ese mismo año en Ayapel, Córdoba, colapsaron 3 puentes tras los desbordamientos de arroyos, dejando incomunicado al municipio. En el 2023 y ahora en este 2024 el desbordamiento del Rio Cauca, las fuertes lluvias y la creciente del mismo río volvieron a arrasar con todo a su paso, afectando a miles de familias. Esta catástrofe ocurre a pesar de que a inicios de este año la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la reducción del flujo de agua del río Cauca, lo que iba a permitir que los damnificados regresaran a sus tierras después de 30 meses. Sin embargo, hoy la realidad es que hay más de 30.000 personas afectadas por las nuevas inundaciones.
Todo esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de los habitantes de La Mojana, mientras su difícil situación socioeconómica agrava aún más el problema. En los municipios de La Mojana el Índice de Pobreza Multidimensional alcanza 61,53%, 42 puntos porcentuales por encima del índice nacional. La mayoría de la población vive de la agricultura y la pesca, actividades que dependen directamente de la estabilidad del entorno natural. Ante este panorama, cada inundación significa no solo la pérdida de hogares, sino también de los medios de subsistencia. En consecuencia, se necesitan soluciones sostenibles y de largo plazo. No basta con responder a las emergencias; sino una planificación integral que tenga en cuenta los aspectos ambientales, sociales, económicos y de cambio climático.
Igualmente, es indispensable una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos. Resultan muy preocupantes las denuncias que se han hecho sobre el mal manejo de los recursos por parte de la UNGRD. De acuerdo con el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, se firmó un contrato por $130 mil millones de pesos, de los cuales se anticiparon $26 mil millones para cerrar el boquete. Desafortunadamente, la fuerza de la creciente se llevó el poco avance que se había logrado en el jarillón y el contratista dice no tener los recursos para realizar los trabajos.
La Mojana no puede seguir siendo un territorio de tragedia recurrente. Ya es hora que las autoridades y todos los colombianos tomemos conciencia de la urgencia de adoptar soluciones estructurales y sostenibles a largo plazo. La región tiene el potencial de ser un modelo de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, pero para ello se necesita un compromiso real y sostenido por parte del Gobierno Nacional. Solo así se podrá transformar la amarga experiencia de La Mojana en una historia de recuperación, sostenibilidad y esperanza.
Liliana Bitar Castilla
