Hay quienes les gusta escudar su falta absoluta de interés en la dignidad humana en la supuesta defensa de la “legalidad”. Justifican actuaciones en completa contravía de la vida bajo la lógica de que “están cumpliendo con las normas” y se hacen los de oídos sordos ante el sufrimiento de la gente porque ante todo está “el respeto a la institucionalidad”, valiéndose de interpretaciones convenientes de la ley.
Por eso no me sorprende que la respuesta del Gobernador Andrés Julián Rendón al clamor del pueblo de Caucasia de poder contar con una vivienda digna haya sido intentar aplicar la violencia, diciendo que lo hace para defender la propiedad privada bajo el amparo de la ley. Se le olvida mencionar que la propiedad es en este momento sujeto de un litigio para determinar su legítimo dueño, y que a quién estaría defendiendo con su intervención violenta sería al confeso narcotraficante Juan Gabriel Úsuga Noreña, poniendo su interés por encima de la gente de Caucasia que necesita una vivienda digna.
Frente a la situación de ocupación irregular del predio de hacienda Santa Elena en el
municipio de Caucasia es pertinente decir que respaldo totalmente la decisión de la Sociedad de Activos Especiales en cabeza de Daniel Rojas Medellín de desistir de la querella interpuesta por la depositaria del bien en cuestión y que tenía como propósito desalojo y expulsión inmediata de las personas niños mujeres y adultos mayores incluso víctimas del conflicto que se encuentran en ocupación del predio.
Es bandera y misión del Gobierno del Cambio salvaguardar la vida, honra, derechos y libertades de toda la población, en especial las poblaciones en situación de vulnerabilidad; insto al Gobierno Nacional a la búsqueda de una solución integral a dicha problemática enfatizando que en la visita del Presidente Petro al municipio se evidenció el anhelo de sus pobladores de poder tener una vivienda y tierra para poder trabajar el campo y mejorar su situación de vida
La subregión del Bajo Cauca durante décadas ha estado en medio del conflicto armado lo que ha dado como resultado el desplazamiento forzado de miles de campesinos que hoy sin tierra y sin vivienda se encuentran desesperados. Solo en Caucasia según el Registro Único de Víctimas se encuentran viviendo 33.000 víctimas del conflicto, muchos de ellos campesinos que incluso tienen proceso interminables de restitución de sus tierras.
Aunemos esfuerzo y de inmediato pediré en el Congreso de la República una visita al territorio con el apoyo del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, esperando contar con la presencia de su director Daniel Rojas Medellín, con el propósito de atender ante todo la evidente calamidad pública por la falta de vivienda de una población que expresó en las urnas el deseo de Cambio y ha puesto su confianza en nuestro gobierno
Ojalá quienes hoy exigen al gobierno defender la propiedad privada en proceso de extinción del dominio hubiese defendido la propiedad privada de miles de campesinos pequeños propietarios de tierras que fueron desplazados y despojados de su terruño.
