Los miembros de las Comisiones Económicas del Congreso que hundieron la Ley de Financiamiento acaban de traicionar a Colombia. La decisión de no aprobar la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro genera una serie de consecuencias negativas que afectan directamente a diferentes sectores de la sociedad colombiana. Esta ley contemplaba medidas cruciales para el desarrollo social y económico del país, y su hundimiento deja un vacío significativo en varias áreas clave para el desarrollo social.
Uno de los sectores más perjudicados es el de los usuarios de servicios públicos en la región Caribe, donde los estratos 1, 2 y 3 acumulaban una deuda de $2,6 billones con las empresas de energía Aire y Afinia. La Ley de Financiamiento permitía que el Gobierno asumiera parte de estas deudas, aliviando la carga financiera de los hogares más vulnerables. Su rechazo implica que estas familias seguirán enfrentando la amenaza de cortes de energía y dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
El sueño de acceder a una vivienda digna también se ve afectado. Parte de los recursos de esta ley estaban destinados al Ministerio de Vivienda para garantizar subsidios a quienes deseaban comprar o mejorar sus hogares. Ahora, la disminución de estos apoyos limitará las posibilidades de muchas familias de mejorar su calidad de vida y de contribuir al dinamismo del sector de la construcción, un motor clave de la economía.
La Ley de Financiamiento contemplaba una rebaja progresiva del impuesto de renta empresarial, del 35% al 27%, como una medida para estimular la economía y promover la competitividad empresarial. Este incentivo, que hubiera representado un ahorro significativo para las empresas, ya no será posible. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentarán mayores cargas tributarias, lo que podría frenar la inversión y la generación de empleo.
El fortalecimiento del Plan Dignidad, destinado a mejorar las condiciones laborales y sociales de los patrulleros de la Policía y los soldados del Ejército, también queda en suspenso. Este plan era fundamental para dignificar la labor de quienes garantizan la seguridad del país. Su interrupción podría tener un impacto negativo en la moral y el bienestar de la fuerza pública.
El sector turístico, una de las industrias con mayor potencial de crecimiento en Colombia, también se ve afectado. La exención del IVA para proyectos turísticos en municipios de menos de 200.000 habitantes incentivaba el desarrollo de infraestructuras y servicios en 1.089 localidades. Con la caída de esta medida, el país pierde una herramienta clave para consolidar su atractivo como destino turístico y generar ingresos.
El rechazo de la ley también impacta a los transportadores, quienes ya no contarán con los beneficios tributarios para renovar sus vehículos con tecnologías más limpias. Esta medida no solo buscaba mejorar la eficiencia del transporte sino también reducir su impacto ambiental, un objetivo ahora más lejano.
Por último, el desarrollo de comunidades energéticas y proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales también pierde un impulso crucial. La posibilidad de deducir el 50% de la inversión en energías renovables del impuesto de renta era un incentivo poderoso para las empresas. Sin este apoyo, la transición hacia un modelo energético sostenible enfrentará más obstáculos.
El hundimiento de la Ley de Financiamiento evidencia un desprecio del Congreso hacia las necesidades de los ciudadanos comunes, priorizando los intereses de los poderosos por encima del bienestar colectivo. Esta decisión perjudica a los sectores más vulnerables, limita el desarrollo económico y obstaculiza el avance hacia un país más equitativo y sostenible, todo por unos congresistas obsesionados con proteger el bolsillo de las grandes empresas que los financian.
