Desde el pasado jueves 2 de marzo el Bajo Cauca Antioqueño vive una tensa situación por el paro al que convocaron los trabajadores mineros de la zona debido a la reactivación de los operativos del Gobierno nacional para hacer control a la minería ilegal.
La situación es bastante compleja porque la economía minera es gran parte de los ingresos de los habitantes de la zona lo que lleva a que, al ver en riesgo su fuente de ingresos, tomen acciones en la que los más perjudicados son los mismos pobladores a quienes no podemos estigmatizar ni caer en el error de la generalización.
Las personas de la zona, han visto década tras década como pasan toneladas de oro y por ende billones de pesos por sus corredores, que no retornan en impuestos ni inversión para el territorio y que en contraste lo único que tienen son hospitales en mal estado, vías terciarias destruidas, poca o nula oferta académica y un sinnúmero de situaciones que no reflejan la actividad económica con la calidad de vida de los habitantes.
Pero ¿cuál es la problemática actualmente? El 85% del oro del Bajo Cauca es parte de la minería ilegal y por ende han dejado de entrar más de 5.600 millones de dólares vía impuestos, lo que genera también que los dueños de estos negocios se enriquezcan mientras que los mineros ancestrales y artesanales además de no poder competir terminan trabajando para ellos como una mano de obra barata.
Hoy en día esta actividad se ha convertido en una gran red, pues ha encontrado compradores por fuera del país que les hace rentable el negocio y que les permite fortalecerse y crear una organización que va no solo desde la extracción, sino que incluso llegan a otras esferas para seguir controlando el negocio, por eso una de las urgencias es atacar a las estructuras criminales que tienen los grandes inversores que generan caos y siguen empobreciendo a los del territorio.
Una de las peticiones de quienes se encuentran actualmente en el paro es que el Bajo Cauca se convierta en un distrito minero y desde el gobierno del presidente Petro existe la voluntad para llevarlo a cabo, de hecho, la ministra de ambiente Susana Muhamad, ha estado al tanto para crear la hoja de ruta que permita realizarlo, esto permitiría que ellos se formalicen, sean más competitivos y que tengan mayores garantías en el desarrollo de sus actividades.
También es necesario hacer un censo técnico y real de los pequeños mineros ancestrales y artesanales, para reconocerles su trabajo, realizando un consenso en temas de manejo medio ambiental y social de su actividad económica y por supuesto generar políticas públicas que permitan el retorno económico de la actividad minera al territorio. En el legislativo se dará la discusión de la reforma del código minero y se espera con ello avanzar en la búsqueda de la solución a las problemáticas de esta actividad.
Desde el gobierno se viene avanzando en mesas conjuntas que permitan recuperar la situación de orden público en el Bajo Cauca Antioqueño y desde mi posición en la Cámara de Representantes y como una persona que ha estado allí en varias ocasiones estoy a la disposición para generar acciones de diálogo con la comunidad.
