En los últimos meses el tema del Tapón del Darién ha estado sobre la mesa, una crisis humanitaria de grandes proporciones que ha dejado lamentables cifras de violencia y violación de derechos humanos para quienes toman este cruce como una alternativa de migración, un cruce que concierne a varios países, que es utilizado por personas de diferentes nacionalidades y que ha desatado a hoy toda una economía a su alrededor.
Durante los últimos años el flujo de personas ha aumentado y el paso por este tajo de la selva ha hecho que lleguen al Urabá Antioqueño miles de personas con el propósito de tomar el riesgo de emprender la ruta, por lo que lo que en principio era un problema social, de salud y humanitario se convirtió en una oportunidad de negocio en la subregión y ha desarrollado todo un esquema logístico que le permite a la gente pasar.
Uno de los actores que toma protagonismo en esta ecuación es el grupo ilegal del Clan del Golfo, quienes a pesar de haber negado en un comunicado del 9 de septiembre lucrarse del negocio del tránsito de personas a través del Tapón del Darién, la realidad es que ellos son los encargados de la seguridad a lo largo de la selva y según lo relatado en un documental del NYTimes, antes del ingreso hay que pagarles un impuesto de 80 dólares para recibir el permiso para pasar.
El asunto de fondo con todo el tema del Tapón del Darién es que donde hay ausencia de poder siempre llegará alguien a ocupar ese vacío y la crisis desproporcionada para los estados involucrados ha encontrado en el territorio una oportunidad; por un lado, los lugareños encontraron una opción de negocio que el turismo regular no les suple y que evita que las personas no se queden atascadas en municipios de por sí empobrecidos, y el Clan del Golfo encontró una renta ilegal adicional, que con la cantidad de personas que pasa es lucrativa y ventajosa para ellos.
El asunto con el negocio está en la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad, ¿el tránsito de personas a través de este modelo de negocio está amparado en el derecho a la libre movilidad o configura un tráfico de personas?
En nuestro ordenamiento jurídico se tipifica el tráfico ilegal de migrantes, estableciendo pena para las personas que promuevan, induzcan o faciliten la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales. Dicha disposición no ha tenido efectividad en la aplicación, pese a los esfuerzos que han realizado los diferentes gobiernos a través de la fuerza pública y entidades como la Fiscalía General de la Nación.
Por otro lado, la libre circulación dentro del territorio, se encuentra consagrada en nuestra Constitución política, articulo 24, como el derecho que tienen los colombianos a circular libremente por el territorio Nacional, supeditando su aplicación a los límites que establezca la ley; y el derecho humano a la movilidad, está definido por la Organización Internacional para Migraciones (OIM), como el derecho que tiene toda persona de movilizarse de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación.
Como fuere el caso, desde el gobierno nacional, y en conjunto con las demás entidades internacionales urge encontrar soluciones que garanticen la vida y la integridad de las personas que pasan por allí, pero atender también la situación de las personas que han encontrado una opción económica rentable y proveerles las condiciones a los municipios involucrados en este negocio.
Es por ello que se deben enfocar los esfuerzos en iniciativas y actuaciones enmarcadas en el cumplimiento de la Constitución política y la declaración universal de Derechos Humanos, sin restringir los mismos, garantizando el derecho a la movilidad y priorizando a aquellas personas que se ven obligadas a migrar por situaciones forzadas.
En ese sentido urge un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública, Migración, entre otros, para la realización de acuerdos Internacionales de Migración en miras a facilitar la movilización de forma legal; la creación de corredor humanitario, cuyo objeto es dignificar el paso de los migrantes en pro de proteger Derechos Humanos y controlar actos ilícitos; iniciativas legislativas que busquen garantizar el acceso a la educación y el trabajo, tendientes a dignificar y proveer calidad humana que permitan atenuar la migración en el país y finalmente, apoyo en organizaciones internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, para la prevención y la investigación del crimen, en rutas de tráfico ilícito de personas.
Seguiremos atentos a la situación para trabajar de forma conjunta con las entidades y garantizar soluciones enfocadas a la vida y la dignidad humana.
