En noviembre del 2019 los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón, Juan Carlos Ospina y David Fernando Cruz presentaron ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad de la Ley 1951 de 2019 por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los demandantes alegaron dos cargos: 1. Que la iniciativa no había provenido del gobierno nacional como es requerido por la Constitución y 2. Que el Congreso de la República no incluyó dentro de la Ley la estructura orgánica del Ministerio.
Durante este año y casi cuatro meses se han manifestado en contra de los demandantes la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina Jurídica del MinCiencias, la Función Pública, el Senador Iván Darío Agudelo (creador del proyecto de ley que dio vida al MinCiencias), el Grupo Interdisciplinario de promoción del Desarrollo de la Competitividad – GRID, la Academia Colombiana de Ciencias, la Universidad Libre, la ESAP, el Politécnico Grancolombiano, el ciudadano Libardo Rodríguez Rodríguez y el Procurador General de la Nación. Los argumentos que presentaron quienes están a favor de declarar la constitucionalidad de la ley que creó el MinCiencias fueron los siguientes:
- Que aunque el proyecto de ley no fue presentado por el ejecutivo, sí tuvo su aval ya que la Ministra de Gobierno Nancy Patricia Gutiérrez se manifestó expresamente apoyando el proyecto de ley antes de que entrara al último debate de plenaria en el Senado. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha considerado que, pese a que la Constitución establezca que hay temáticas de iniciativa del gobierno, sí este se manifiesta a favor del proyecto de ley, el requerimiento constitucional queda “avalado”. Por ello, los que defienden tal posición consideran que no existe mérito para ese cargo.
- Que la ley no estableció la “creación” de un nuevo ministerio sino la “fusión” o “transformación” de Colciencias que era un departamento administrativo. Para los defensores de esta posición, se trata simplemente de un nuevo nombre para una institución ya creada. Además, dado que departamento administrativo y ministerio tienen la misma categoría en la administración nacional, el requerimiento Constitucional no debía ser tan estricto.
Quienes solicitan el amparo constitucional debido a una violación de la ley, es decir, la Universidad Rosario, un grupo de ciudadanos (de manera conjunta) y Fecotraservipúblicos alegan que la creación de un Ministerio, máximo órgano de la administración pública debe seguir estrictamente lo establecido en la Constitución. Es decir, debe venir de iniciativa del Congreso y en tal escenario su estructura orgánica debía haber sido discutida y aprobada como lo establece la Constitución. Según este grupo de personas, no hacerlo debilita la estructura orgánica de una democracia participativa como la colombiana.
En la Corte Constitucional la decisión sobre la inconstitucionalidad de la ley que creó el MinCiencias estaba agendada para el pasado 25 de febrero. Sin embargo, no alcanzó a ser discutida. Por los tiempos establecidos para tales decisiones, esa corporación tiene sólo hasta el 5 de marzo, es decir el próximo viernes para tomar la decisión. Por ello, es necesario que estemos vigilantes.
Antonio José Lizarazo Ocampo es el magistrado que presentará la ponencia y actualmente preside tal corporación. Es abogado de la Universidad Libre, especialista y magíster en derecho administrativo, con más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Puede decirse que tiene algo de cercanía al sector de ciencia, tecnología e innovación debido a que en 1993 fue Viceministro de Educación Nacional. Fue muy cercano a Luis Carlos Galán, lo cual lo lanzó como Gobernador del Departamento Norte de Santander y luego al Ministerio de Educación junto a Maruja Pachón.
Si la decisión fuera sólo política, se podría afirmar que la ley que creó el MinCiencias no será declarada inconstitucional pues su impulsor en el Congreso, Iván Darío Agudelo, representa al Partido Liberal al igual que el Magistrado ponente. Sin embargo, dado que la decisión tiene que versar sobre un análisis jurídico desde lo constitucional, tocará esperar la semana entrante para saber cuál es la posición del ponente y cómo se desarrolla el debate.
Avanciencia estará atente a tal decisión, la cual será comunicada y comentada próximamente.
