Recientemente ha surgido un debate sobre la eliminación de la tasa de usura, pero es un tema con tantas aristas que merece un análisis profundo. Si bien esta propuesta facilitaría el acceso al crédito para aquellos segmentos históricamente desatendidos, también podría generar riesgos en la calidad de las carteras de crédito que puede llevar al sobreendeudamiento. Por eso, más que eliminar la tasa de usura, vale la pena revisar otros métodos de cálculo que equilibren la mesa de juego tanto para los que otorgan créditos como para el consumidor final.
Uno de los argumentos que respalda la eliminación de la tasa, es que quitarla permitiría una mayor inclusión financiera, ampliando el acceso a productos crediticios para todos aquellos colombianos que, de otro modo, quedarían excluidos (ya que tienen un mayor nivel de riesgo). Según la Superfinanciera, en Colombia más de 23 millones de personas no tienen acceso a la banca tradicional, obligando a muchos a recurrir a préstamos informales como el ‘gota a gota’ que proporcionan liquidez inmediata, pero con altos intereses y métodos de cobro agresivos.
De igual forma, esta propuesta prevé una mayor competencia en el sector, permitiendo que más entidades entren al mercado y aumente la oferta de productos financieros.
Por otro lado, cuando se toma como indicador de inclusión financiera al porcentaje de adultos con crédito se encuentra que en Colombia esta cifra es del 19 %, mientras que en México, donde no hay tasa de usura, es del 16 %; según cifras del BID1. Lo anterior indicaría que la tasa de usura no es el único factor para la inclusión financiera. Además, eliminar del todo este límite a la tasa de interés de los créditos podría conllevar al cobro de tasas de interés excesivamente altas.
Con este panorama, es importante entender que, si bien, la tasa de usura puede limitar la oferta de crédito, también es cierto que cumple una función de protección esencial. El crédito debe ser accesible para todos, pero definitivamente no a cualquier costo, y la falta de regulación podría exponer a los consumidores de crédito a dificultades de capacidad de pago y sobreendeudamiento, en especial para los sectores con menores recursos.
Siendo así, ¿qué podríamos hacer? Una alternativa sería rediseñar el cálculo de la tasa de usura, no eliminarla por completo, sino ajustarla por segmentos de cliente o por productos, de modo que un crédito para una pyme no se regule igual que uno de consumo personal. Esta diferenciación permitiría una colocación más justa según las necesidades y riesgos de cada segmento.
En conclusión, la propuesta de eliminar la tasa de usura tiene el potencial de abrir nuevas puertas para la inclusión financiera, pero también plantea retos a considerar. La solución más adecuada apunta a buscar mayor flexibilidad y competencia sin abandonar del todo el control necesario para un otorgamiento de crédito más equitativo y responsable. De esta manera, se ajustarían las tasas por segmentos, protegiendo a los consumidores, sin desincentivar a las entidades financieras. Solo así se podría encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes y que contribuya al crecimiento económico y social del país.
