En vísperas de fin de año, un momento que debería llenarnos de optimismo y expectativas renovadas, los mensajes provenientes de la Casa de Nariño dibujan un panorama desalentador. En lugar de plantear iniciativas ambiciosas para fomentar el desarrollo del país, lo que se anuncia son recortes drásticos en inversión que afectan directamente a los más vulnerables. Este escenario desafortunado, no solo incrementa la incertidumbre general, sino que también pone en entredicho las prioridades del Gobierno y su capacidad para enfrentar los desafíos económicos que se avecinan en 2025.
Las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron el archivo del Proyecto de Ley de Financiamiento, debido a los riesgos fiscales y sociales que planteaba. La flexibilización de la Regla Fiscal habría permitido al Gobierno Nacional un mayor endeudamiento público, ya que ampliaba el gasto en $5,3 billones en 2025, según cálculos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expertos alertaron sobre los efectos negativos que esta medida podría tener en la calificación de riesgo, la TRM y, en consecuencia, en el aumento de los costos de financiamiento de la Nación. En este sentido, la Ley de Financiamiento no proponía ingresos adicionales por $9,8 billones, como se afirmó en el discurso oficial, sino por $4,5 billones. Además, planteaba incrementos en los impuestos al carbono y a los combustibles de transición, como el Gas Licuado de Petróleo y el Gas Natural, que habrían impactado directamente la canasta familiar, incrementando la inflación. Las inconsistencias en las políticas de transición energética que ofrecían incentivos por un lado y penalizaciones por otro, generaban incertidumbre en los sectores económicos.
Días después del hundimiento del Proyecto de Ley de Financiamiento que, como lo mencionamos, generaba graves consecuencias, el Gobierno Nacional anunció recortes en inversión para las regiones y ajustes al programa ‘Mi Casa Ya’, decisiones que fueron interpretadas como represalias políticas contra quienes se opusieron a la iniciativa. Estas medidas no solo limitan el acceso de miles de familias a subsidios de vivienda, afectando el déficit habitacional, sino que también restringen recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo social en las regiones, ampliando las brechas territoriales existentes. Con ello, el Ejecutivo no solo genera tensiones sociales, sino que pone en duda su compromiso con la equidad y el desarrollo regional.
¿Qué medidas se deberían tomar?
En lugar de recortar inversión en sectores fundamentales para el desarrollo y la equidad, el Gobierno debería enfocarse en contener el gasto burocrático que ha experimentado un alarmante crecimiento en los últimos dos años. Entre 2022 y 2025, el gasto en funcionamiento pasó de $209 billones a $327 billones, un aumento de $118 billones. En cuanto al gasto burocrático, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre diciembre de 2022 y junio de 2024, la planta de servidores públicos en el sector central de la rama ejecutiva creció en 24.000 personas, con un costo promedio anual por cargo de $80 millones, incluyendo prestaciones. Este incremento ha representado un gasto adicional de $1,9 billones al Presupuesto Nacional.
Además, el Gobierno ha celebrado más de 130.000 contratos de prestación de servicios en lo corrido del 2024, un aumento de 45.000 contratos respecto al 2022, que se traduce en un gasto adicional de $3,6 billones. A esto se suma la creación de 21 nuevos consulados y 10 embajadas desde agosto del 2022, incrementando el costo de la burocracia diplomática en $240.000 millones. Estos gastos, si bien justificables en algunos casos, deben revisarse con un enfoque de austeridad y eficiencia.
Redirigir estos recursos al fortalecimiento de programas sociales como ‘Mi Casa Ya’ y a la inversión en infraestructura regional no solo mitigaría las brechas sociales y económicas, sino que también enviaría un mensaje claro de compromiso con el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad fiscal. Es imperativo que el Ejecutivo priorice las áreas de mayor impacto social y reduzca gastos superfluos, demostrando una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos.
El momento que atraviesa el país exige decisiones responsables y un liderazgo comprometido con las necesidades de los ciudadanos. Recortar la inversión en sectores fundamentales mientras se aumenta el gasto burocrático envía un mensaje errado y solo profundiza las desigualdades y frena el desarrollo. El Gobierno tiene la oportunidad de revertir esta decisión, priorizando la inversión social y optimizando el uso de los recursos públicos. Solo así podrá recuperar la confianza de la población, cerrar las brechas existentes y garantizar un futuro más equitativo y próspero para todos los colombianos.
