La crisis que hoy viven millones de colombianos de la Costa Caribe por los altos costos de las tarifas de energía, que llevó hace unos días a una cumbre entre la bancada Caribe del Congreso y el Presidente Gustavo Petro para buscar salidas a una problemática que enfrentan hace décadas, sigue sin fórmulas efectivas para solucionar el tema de raíz.
Si bien, durante la reunión el Presidente propuso acelerar la transformación energética con energías limpias para abaratar los costos; buscar un cambio de formula tarifaria en la CREG y bajar el precio del kilovatio, todas esas medidas son a mediano, pero en ningún momento presentó alternativas que bajaran el precio actual.
Este no es un tema menor, desde que llegué a la Cámara de Representantes he estado pendiente de buscar solución definitiva al pago de las tarifas de energía que se tornó tan calamitoso que la gente de la región Caribe ya no sabe si “comer o pagar la luz”.
Basta ver lo que sucede con un tendero o una ama de casa que tiene que mantener sus electrodomésticos, una nevera, un ventilador, encendidos las 24 horas para que sus productos y alimentos no se dañen y cada vez, ven como sus recibos llegan con cifras astronómicas como sucede en los estratos 1, 2 y 3, donde los valores de los recibos superan los $400.000 mensuales, que incluso puede estar por encima del pago del servicio en un estrato 6 en ciudades como Bogotá.
Por eso desde la bancada Caribe estamos pidiendo acciones concretas e inmediatas al Gobierno. Es preocupante que el 25% de la población colombiana, que es la que vive en el Caribe tenga que pagar el valor más alto por kilovatio en el país que hoy supera los $1.000, y más en el caso de Córdoba donde somos generadores de energía con la hidroeléctrica Urrá, donde estamos produciendo lo que consumimos y ni siquiera con ello, se garantiza nuestro acceso a la energía.
El tema de las tarifas no es nuevo, es de muchos años, pero las medidas que ha tomado el Gobierno no han sido estructurales, solamente se han visto intentos que o son muy superficiales o ponen en riesgo la matriz energética. Como representantes del Caribe, nos negamos a seguir permitiendo que estas decisiones obliguen a los caribeños a elegir entre “comer o pagar la factura de luz”. Esto es insostenible. Pero la inconformidad es clara, ya nos cansamos de los diagnósticos sobre los diagnósticos, es hora de actuar y la primera medida es que el gobierno nacional asuma una parte de las pérdidas ya sean técnicas o no técnicas.
Según los compromisos vienen tres mesas muy importantes: 1) revisar las pérdidas con las empresas; 2) revisar la asignación de subsidios en cabeza del DNP; 3) revisión con la CREG para avanzar en el cambio de fórmula tarifaria.
Pero en paralelo necesitamos que el gobierno nacional defina los valores que se aportarán del PNG específicamente para mitigar los altos valores.
También solicitamos que se revise la financiación de las obras realizadas por los distribuidores. En el Plan de Desarrollo, propuse que estas deudas, que actualmente pagan los consumidores a los distribuidores en el corto plazo, sean respaldadas por el Gobierno Nacional para que puedan ser diferidas con responsabilidad y así evitar un impacto significativo en las tarifas mensuales y más, después de un año en el que casi no crecimos, pero que además aún sigue mostrando una inflación muy alta.
Esto debe hacerse garantizando que la energía llegue a los hogares de manera sostenible, es decir, de ninguna manera podemos volver incierta la generación eléctrica porque por ejemplo ¿qué pasaría si un hospital se queda sin luz por cualquier invento que no sea pensado y planificado? Pues podríamos poner en riesgo la vida de muchas personas.
