Un panorama incierto en materia fiscal y económica, muchas dudas y pocas certezas sobre el alcance del Decreto que expedirá el presidente de la República y un sendero de pleitos judiciales ante la Corte Constitucional, es el escenario poco alentador que nos deja un Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025, cuyo monto se encontraba abiertamente desfinanciado. Si bien es cierto que la presentación de un presupuesto por encima de las posibilidades del Estado puede estar motivada por buenas intenciones, la realidad es que aprobarlo sin ajustarlo representaría un acto irresponsable con las finanzas públicas y dejaría en riesgo la correcta planeación del gasto.
Asumiendo mi papel como senadora de la Comisión Tercera del Senado de la República, fui enfática en señalar los riesgos de aprobar un presupuesto desfinanciado, es decir, que los recursos previstos para cubrir los gastos no estuvieran debidamente respaldados por ingresos reales. Se presentó para análisis y aprobación del Congreso un presupuesto de gastos de $523 billones, de los cuales $12 billones dependían de la aprobación en simultánea de un Proyecto de Ley de Financiamiento (Reforma Tributaria), que le permitiera al Gobierno Nacional aumentar el recaudo tributario y flexibilizar la regla fiscal, lo que se traduce en permitir el aumento del gasto a través de la deuda. Esto no solo es un riesgo dada la situación macroeconómica de Colombia, donde el crecimiento es casi inexistente y las necesidades de reactivación son imperiosas, sino que es irresponsable si se tiene en cuenta la afectación de nuestra maltratada economía y la deficiente ejecución del Gobierno en la actual vigencia.
Adicionalmente, de acuerdo con expertos en materia presupuestal y fiscal como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y Fedesarrollo, las metas de ingresos por mayor eficiencia de la DIAN proyectadas son poco realistas y podrían estar sobrestimadas en $20 billones, lo que evidenciaría que el presupuesto no solo estaba desfinanciado en $12 billones, sino que el monto ascendía hasta los $32 billones. El impacto práctico de un presupuesto inflado es que más temprano que tarde habrá que sincerarlo, esto es, recortar el gasto afectando la ejecución de programas sociales, tal como sucedió con el presupuesto de este año. Por ello, nuestra premisa fue la de no oponerse por el hecho de oponerse, sino aprobar un presupuesto que realmente respondiera a las necesidades y se ajustara a las posibilidades del país, dado que los recursos son limitados.
En este sentido, aprovechando las reuniones de coordinadores y ponentes de la iniciativa con el Gobierno Nacional, se propuso ajustar el monto en al menos $12 billones para que estuviera más cercano a nuestra realidad fiscal. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo en el monto de los $523 billones, y como se ha dicho, aprobar simultáneamente una Ley de Financiamiento que propone flexibilizar la regla fiscal, poniendo en riesgo la calificación crediticia del país y generando incertidumbre en los mercados internacionales, es lo que menos necesita Colombia en este momento. Por este motivo, hemos hecho al Gobierno un llamado a la sensatez, para evitar que, con sus acciones, se transmitan mensajes equivocados y contraproducentes al mercado, tanto al interno, que hoy necesita con urgencia un plan de reactivación de la economía nacional, el cual aún no aparece, como al internacional.
Además, la aprobación paralela del Presupuesto con la Ley de Financiamiento impedía un adecuado debate democrático, razón por la que desde el Congreso contrapropusimos que, en primera medida se redujera el monto y, posteriormente, de aprobarse la tributaria propuesta, se adicionara al presupuesto la nueva expectativa de recaudo.
Es importante que todos entendamos que el compromiso con la responsabilidad fiscal no es un capricho, sino una obligación con el bienestar futuro de Colombia. Asegurar que el presupuesto esté financiado, que se discuta con claridad y que las leyes de financiamiento acompañen las decisiones presupuestarias no es solo una muestra de prudencia, sino también de visión a largo plazo. Hoy, más que nunca, necesitamos un presupuesto realista y sostenible, que esté alineado con las prioridades del país y que, al mismo tiempo, proteja la estabilidad económica. Esa fue nuestra posición desde el inicio y seguimos firmes con ese compromiso. Por esto buscaremos las alternativas legales que sean necesarias para corregir los puntos que no compartimos, en especial, para solucionar el durísimo golpe en inversión que recibieron nuestros departamentos de la Costa Caribe, con el presupuesto regionalizado que se presentó a última hora.
