La sociedad colombiana continúa perturbada por las frecuentes y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanas que se suceden a lo largo y ancho de nuestro país. Organizaciones criminales de diverso tipo persisten en una política de amenazas y exterminio de líderes sociales, fundamentalmente, quienes son reclamantes de tierras y/o luchan por reivindicaciones de sus etnias. Con el fin de silenciar las voces, se pagan por debajo de la mesa a violentos grupos criminales que se encargan de amenazar de muerte, para que en el término de la distancia abandonen sus lugares de origen y cesen en reclamaciones. Se trata de la mano negra y criminal de quienes no quieren bajo ninguna circunstancias, que los campesinos desplazados de sus parcelas vuelvan a ella o adquieran tierras de los tres millones de hectáreas comprometidas con soluciones campesinas, de conformidad con los Acuerdos de Paz.
Es duro reconocer… Estamos frente a una sociedad anestesiada que no responde a la dimensión de la agresión o lo hace muy tangencialmente. La soledad de las víctimas y sus familias es algo aterrador. El cuerpo del líder asesinado permanece largos rato a la intemperie, mientras sus deudos desesperados logran llegar a los centros de justicia, informan del hecho y logran el levantamiento del cadáver. Toda esta situación favorece a los a los autores intelectuales y a los sicarios que pueden tomarse todo el tiempo para la huida.
Entre enero y octubre de este año se habla 116 líderes y defensores de los Derechos Humanos asesinados, según cifras de Organizaciones sociales regionales. La Revista Semana, edición 1851 tituló “81 líderes asesinados” este año sin que el Estado pudiera evitarlo. La gran pregunta es: ¿Cómo parar este desangre? ¿Cómo el Establecimiento puede ser capaz de proteger los líderes sociales? ¿Cómo el Estado puede comprometer todos sus estamentos y a la sociedad completa en la promoción y protección de los Derecho Humanos?
El Presidente de la República, con el asesinatos de líderes campesino a ojos vistos, ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y dispuesto de una fuerza conjunta de más de 6.500 militares para lograr cercar y someter las bandas criminales a la justicia, fundamentalmente las dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal en el sur del país, quienes están diezmando a nuestros líderes por la simple razón de no cumplir sus órdenes mafiosas.
Estamos acercándonos al mismo punto de finales de la década del ochenta y la mitad del noventa, momento en el que las fuerzas de la mafia intentaron doblegar y tomarse el Estado para satisfacer sus torcidos intereses. De este, asistimos a una doble arremetida en la violación de los Derechos humanos con la generación de significativos magnicidios: Tanto de dirigentes políticos institucionales, como de dirigentes alternativos. En el primer caso, se trató de líderes que se oponían radicalmente a sus malsanos propósitos, lo que les mereció ser eliminados a sangre y fuego. En el segundo caso y en forma paralela, adelantaron una campaña de exterminio contra las fuerzas políticas alternativas que luchaban para acceder a fracciones de poder, buscando una ampliación de la democracia y respaldar las aspiraciones políticas y de tierra de los campesinos, en el Magdalena Medio, zona caribe y Urabá antioqueño.
Simultáneamente y en paralelo a los magnicidios perpetrados, centenares de campesinos fueron víctimas de las balas asesinas de las mafias y de sus organizaciones criminales. Sus familiares y vecinos tuvieron que desplazarse para garantizar al menos su existencia. Igual cosa está ocurriendo hoy en día, bandas de delincuentes, armadas y pagadas por los dineros del narcotráfico y de la minería ilegal (enemigos de la paz), están asesinando de nuevo a los dirigentes agrarios y defensores de Derechos Humanos, para que nadie se sienta con fuerza de reclamar tierras que deben entregárseles, tal como está consignado en los Acuerdos de Paz de La Habana.
Es hora de que la sociedad colombiana se una a la bandera de la defensa inobjetable de los Derechos Humanos, a la protección de la vida y recordar, a lo largo y ancho de territorio patrio, que la Vida es Sagrada. Todos los esfuerzos realizados por la Paz, hasta el momento, perderían su valor si la muerte sigue enseñoreándose sobre la familia desvalida de los campesinos, indígenas y afros colombianos.
