Ante el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa sobre una nueva regulación para el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas (SPA) ilícitas en el espacio público, he manifestado que la iniciativa es interesante, sin embargo, no se debe descuidar la prevención para evitar, en lo posible, llegar a la represión.
En esta medida, me preocupa que dentro de esta regulación se omitan algunos espacios donde también se debería proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos la Plaza de Toros La Santamaría, que quedaría por fuera, a pesar de que el proyecto de decreto que propone la administración incluye centros de salud, zonas comunes, estadios, coliseos, centros deportivos, transporte público, parques, entornos educativos, entre otros.
Hemos manifestado en varias oportunidades que no estamos de acuerdo con los eventos taurinos y, menos aún, con el ingreso de menores de edad, pero esta coyuntura representa una oportunidad para prohibir también el consumo de bebidas alcohólicas en La Santamaría mientras se toma una decisión de fondo frente a las corridas de toros en la ciudad.
El problema es que, absurdamente, el Código de Policía de Bogotá, aprobado mediante Acuerdo Distrital, prohíbe el consumo y venta de bebidas embriagantes en estadios, coliseos y centros deportivos, pero establece una excepción a los espectáculos taurinos. Además, la Ley 916 de 2004, en su artículo 22, autoriza el ingreso de menores de 10 años en compañía de un adulto; y desafortunadamente, en 2005, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1192, así como en sentencias posteriores, consideró que dicha norma no vulneraba el derecho de los niños al permitirles ingresar a este “espectáculo.”
Y es que el 89,5% de los bogotanos ha probado alguna vez en su vida alcohol, mientras 2.1 millones de ellos son consumidores actuales, según cifras del estudio distrital sobre el consumo de SPA realizado por la Secretaría de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2016.
El informe indicó también que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol son los 17 años, aunque un 25 % de la población lo hizo a los 15 o antes. Por su parte, los hombres inician entre 1 y 2 años más temprano que las mujeres.
Bajo estas consideraciones, no podemos perder de vista que debe primar la protección a los derechos de los menores de edad. Por esta razón, decidí radicar un proyecto de acuerdo para que en la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá no se permita el consumo de bebidas embriagantes, pues ni la nación ni el distrito han logrado desarrollar una política de prevención para evitar que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes sigan siendo presa de las drogas y el alcohol; lo que se evidencia en la falta de impacto efectivo en la disminución del consumo de sustancias en menores de edad.
