Urge una norma impulsada por todos los congresistas con representación en Bogotá, e inclusive extendido a otras ciudades, para que tramiten una ley sin efectos retroactivos que proteja a los ciudadanos de tributos e impuestos confiscatorios. Es decir, una ley que no permita el cobro de valorizaciones futuras hasta no haber terminado por lo menos el 90% de las obras que se financiaron con pasadas valorizaciones, dicho porcentaje de cumplimiento debe tener concepto favorable de la Contraloría y el Concejo. En Bogotá nos van a cobrar la quinta valorización y de esas solo se han terminado 1 de cada 3 obras, faltando más de 100 por concluir.
Inclusive y con ánimo de ser más reformista, este articulo podría ser parte de la muy necesaria reforma del Decreto 1421, norma que organiza administrativa y políticamente a los bogotanos. Es urgente una discusión que busque una mayor gobernabilidad de la ciudad, que en mi concepto se encuentra inmersa en la polarización política, el excesivo centralismo y la indiferencia ciudadana.
Para el primer caso, la propuesta de una segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá, por costosa que sea, es una plata que no va a salir de la economía del país y que sirve para darle mayor legitimidad a quien llegue al Palacio de Liévano. Mientras que, respecto a los otros dos factores poco se ha propuesto y ahí es donde dejo esta constancia que, en caso de volverse ley, tendría que pasar un fuerte examen de constitucionalidad, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Las ideas audaces son las que nos van a sacar de la mediocridad.
Entonces, trasladaría a inspecciones locales de policía la mayoría de las más de 150 funciones que tienen los alcaldes locales, a estos los incluiría en el proceso de elección popular después de haber pasado los requisitos meritócraticos, las alcaldías locales tendrían un presupuesto fijo y no a merced del Alcalde Mayor y podrían cobrar la valorización para obras en sus localidades. Con esto, también aumentaríamos la responsabilidad política a los ediles que hoy en día no es mucho lo que puedan hacer por sus comunidades; a veces las JAC o las mismas asambleas de los edificios sirven más para resolver problemas cotidianos.
Mejor dicho, los alcaldes locales dejarían de ser delegados de una Subdirección de la Secretaria Distrital de Gobierno y pasarían a ser dirigentes con responsabilidad política y los ediles pasarían de ser unos líderes comunales a unos verdaderos gestores locales. Con esto, también se limitaría el cobro de valorizaciones hasta que las obras estén culminadas y estas serían ejecutadas en el nivel local con un fuerte control ciudadano, es decir se le abriría la puerta a un gobierno local eficiente, a una ciudadanía empoderada y a un gobierno distrital responsable.
