Una Cirugía a la Salud Bogotana

No es una reforma perfecta. Pero es un salto institucional que puede ayudar a mejorar la garantía al derecho a la salud de los bogotanos. El Acuerdo que aprobó el Concejo de Bogotá el pasado 17 de marzo le metió la mano, y de qué manera, al sistema de salud pública de la Capital. Una delicada cirugía, tan necesaria como urgente, que resultó de la concertación entre los proyectos presentados por el Alcalde Peñalosa y concejales encabezados por la Alianza Verde. No se puede desconocer lo alcanzado en esta materia. En coberturas y en disminución de barreras de acceso el avance es impresionante, sobre todo en el régimen subsidiado y en el de vinculados. 22 hospitales públicos regados en todo el territorio de la ciudad, una exitosa estrategia de atención primaria denominada “Salud a su Hogar” y ahora “Territorios Saludables”, un Hemocentro y banco de órganos de talla mundial, y una EPS que como Capital Salud atiende hoy cerca de un millón de usuarios, amortiguando el impacto de las crisis en Bogotá de EPS como Caprecom. Pero estos avances revelaron nuevos problemas y desafíos. Que no pueden ser argumento para ocultar desgreños, incumplimientos de metas, equivocaciones y actos de corrupción en los últimos años. Tampoco para olvidar ese trauma de nacimiento que significó la ley 100 con la intromisión de la lógica del mercado en la garantía de un derecho como la salud. Está abundantemente documentado que uno de los principales problemas de la EPS Capital Salud es la actitud esquilmadora del socio privado Salud Total que la opera. También ha quedado demostrado que en Bogotá los indicadores de salud pública del régimen contributivo, el de las EPS privadas, medidos por tasas de mortalidad y enfermedad, son dramáticamente peores que los del sector público. Para no hablar de las deudas de las EPS con los hospitales públicos de la ciudad que ascienden a casi un billón de pesos. Al mismo tiempo, la congestión en los servicios de urgencias en los hospitales públicos, las largas colas para consulta externa, la tercerización en la contratación de servicios y personal médico, las deseconomías de escala en la adquisición de bienes y suministros y las graves irregularidades en la contratación a nivel central y en las ESES obligaban un remezón como el que se pretende producir. El Acuerdo aprobado avanza en solucionar parte de estos problemas. Sobre todo en donde el Gobierno Distrital tiene una injerencia directa. Reorganiza la red de servicios de salud en cuatro grandes ESES o entidades hospitalarias públicas, agrupando en cada una cinco de los actuales hospitales. Cada ESE o subred de servicios articulará desde la estrategia de territorios saludables hasta el más alto nivel de complejidad, mejorando la atención a los pacientes, respetando los derechos de los trabajadores y disminuyendo hasta donde sea estrictamente necesaria la tercerización. Se crea una unidad de gestión que asesorará a los hospitales en la compra de los bienes y suministros. Aunque será de carácter mixta, con socios privados sin ánimo de lucro, lo mejor es que sea totalmente pública, una especie de “Bogotá compra eficiente” en materia de salud que abarate y garantice total transparencia en las compras de medicamentos, insumos y servicios. Se crearán los Centros de Atención Prioritaria (CAP) que atenderán la consulta externa en horarios extendidos para descongestionar los servicios de urgencias, prometidos por Peñalosa en campaña. Y se crea el Instituto de innovación, ciencia y biotecnología, a partir del actual Hemocentro, que ojalá articule a las principales universidades con trayectoria en la investigación científica y medica. Algunas voces opositoras al proyecto que prefirieron equivocadamente marginarse del debate, tienen razón cuando advierten en que se requieren acciones para que las EPS paguen su abultada deuda a la red pública hospitalaria. Deuda que tampoco pudo ser cobrada en las administraciones anteriores. Tienen razón también en la necesidad de intervenir con mayor contundencia el régimen contributivo, mientras subsista la ley 100. Para ello, la Secretaría de Salud puede echar mano, junto con el Ministerio, de la ley 1438 del 2011 que permite reorganizar a las EPS privadas también en Redes Integrales de Servicios con criterio territorial que ayude a romper las barreras de acceso que son las más graves en la ciudad. Y mantener los ojos abiertos para evitar la penetración del capital privado en el sector público de la salud de los bogotanos.