Montealegre, Sigifredo y la Justicia

No me equivoqué cuando señalé que, con la designación de Eduardo Montealegre como Fiscal General, el ente acusador quedaba en buenas manos; tampoco lo hice cuando defendí en estas mismas páginas la inocencia de Sigifredo López. Y no es que sea infalible o que me las sepa todas, ni más faltaba, pero es evidente —y no hay que ser muy listo para deducirlo— que un hombre de la formación y la trayectoria de Montealegre es prenda de garantía para cualquier procesado; ni tampoco hay que ser un avezado jurista o un acucioso investigador para advertir que, desde el principio, el encarcelamiento del exdiputado resultaba a todas luces un disparate. Una verdadera democracia se caracteriza, sobre todo, por el respeto irrestricto de las garantías jurídicas y el debido proceso de aquellas personas que se encuentran encartadas en un pleito penal. No solo se hace justicia cuando se condena al culpable; también se aplica —y en mayor grado— cuando se absuelve al inocente. Montealegre, a pesar de no ser el directo responsable del expediente de Sigifredo, dispuso (amparado en las facultades que la ley le otorga) de todos los mecanismos necesarios para garantizarle al político vallecaucano la protección de sus derechos; incluso relevó del conocimiento del proceso al fiscal que ordenó la captura. Parece una paradoja, pero no por ello deja de ser cierto: si Montealegre no está de por medio, Sigifredo estaría “chupando cana” todavía. Montealegre es el primer Fiscal General que asume la responsabilidad política que le cabe por un hecho de este tipo y que reconoce públicamente la equivocación, lo cual, a mi juicio, lo enaltece y constituye un gran paso hacia la solución de un asunto tan delicado, como es la ligereza con que algunos fiscales toman sus decisiones. A diferencia de lo que ciertos oportunistas piensan, yo creo que Montealegre debe continuar en el cargo y que la institucionalidad del organismo, con actitudes como esta, se fortalece. El Fiscal es el único funcionario de ese nivel que acepta sin ambages  que en Colombia opera un “cartel de testigos” que declaran a la conveniencia del mejor postor y de sus propios intereses. Un “cartel” auspiciado por fiscales, jueces y magistrados inescrupulosos y financiado por oscuros designios. Es lamentable, pero la justicia colombiana ha sido en muchos casos instrumentalizada por el odio y se ha transformado en un dispositivo de atropellos y venganzas. Conozco burócratas judiciales que, por sesgos ideológicos, intereses subalternos, simple orgullo, prejuicios extraprocesales y malquerencias infundadas contra el sindicado o su abogado, son capaces de manipular pruebas y fabricar evidencias. El peor delincuente de todos es el funcionario judicial que, prevalido de su poder, persigue al procesado desconociendo sus derechos. Obviamente, no es el caso de Montealegre, pero no puedo decir lo mismo del fiscal que ordenó la detención de Sigifredo: las motivaciones de ese individuo deben ser revisadas con lupa. La persona que entra en una cárcel, por más corto que sea el tiempo que en ella pase, no es la misma que sale: la afectación moral y espiritual es incalculable. La cárcel deja heridas que nunca sanan. En lo sucesivo, los fiscales y jueces de la República deben ser muy cuidadosos para no convertirse en esclavos de sus bajas pasiones y mucho menos para no caer en las trampas de los testigos de ocasión. Los funcionarios que administran justicia deben entender de una buena vez que la libertad es sagrada y que la privación de la misma debe ser excepcionalísima. La medida de aseguramiento no puede seguir siendo entendida como la “cuota inicial” de una condena y tampoco puede ser la regla general. Errar es humano, pero solo los estúpidos perseveran en el error, al decir del gran Cicerón. La ñapa: Al parecer el expresidente Andrés Pastrana estaría pensando en lanzarse a la Presidencia. ¡Qué horror! abdelaespriella@lawyersenterprise.com