Proceso de contratación de alimentación para los centros penitenciarios y carcelarios del país que por valor cercano a los $300 mil millones, adelanta la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, deja algunos interrogantes frente a sus alcances, concentración, igualdad que pasamos a reseñar de manera preventiva frente a un proceso que se adjudicará muy seguramente en la presente semana.
El problema de los grupos: no es lo mismo un grupo de ocho mil que un grupo de tres mil.
En primer término, se crearon 26 grupos de los cuales cada proponente podía participar máximo en tres grupos, lo cual resulta inequitativo, al equiparar al proveedor de ocho mil internos con el de tres mil. De ello puede derivar que un solo proveedor pueda quedarse con dos o tres cárceles con 15 o 20 mil internos para alimentar, mientras otros ganando incluso los tres hipotéticos grupos podría terminar con nueve mil internos, para próximas oportunidades se debería reevaluar la distribución de los grupos ya que las pequeñas empresas que actualmente prestan servicio, en las condiciones actuales del pliego no pueden participar.
Concentración contractual
¿Dónde quedan los contratistas pequeños que vienen ejecutando algunos contratos de manera excelente y el premio a esa excelencia es no poder participar porque no diseñaron grupos donde ellos pudieran participar?
Bajo las nuevas exigencias, los empleados que han venido prestando sus servicios como ecónomos o administradores a los establecimientos carcelarios quedarían inhabilitados para continuar prestándolo ya que muchos de estos no poseen un título profesional pero sí en cambio experiencias de hasta de diez años siendo más relevante esta que los títulos de acreditación.
¿Refrigerios igual alimentación?
El proceso finalmente terminó permitiéndole participar a empresas que entregaban comida fría, o empacada, asimilándola a la que se le provee a personas privadas de la libertad, la cual demanda procesos de cocción, tratamiento, cuidado y distribución distintos, por lo que tal alimentación dista mucho de la necesaria para la prestación de este servicio. Las Fundaciones, cooperativas que contratan con el ICBF el PAE o contratos de Aporte -brindar atención integral a la primera Infancia-, donde no se separan o distinguen los rubros de alimentación frente a los complementos alimenticios, donde en una escuela dan desayunos en la jornada de la mañana y en otra escuela de la jornada de la tarde dan almuerzos, pero no son dos tiempos de comida a los mismos usuarios, pues no es lo mismo levantarse a las 4 AM para preparar el desayuno y el almuerzo de una vez, aquí son dos cocinas y dos sitios diferentes, sin embargo estas fundaciones o cooperativas certifican experiencias acreditadas y especificas diferentes al objeto puntual de la licitación.
La doble contabilidad y sanciones fiscales
Uno de los interrogantes está en determinar si las entidades proponentes le dijeron o no la verdad a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPC, respecto de si tienen o no una doble contabilidad, y en últimas si los estados contables presentados coinciden con las declaraciones de renta, o los informes presentados a la Superintendencia de Sociedades, sobre el cual al parecer no en todos los casos es así, como parecería revelarlo una información presentada a esa institución; esperamos que lo expresado en la W Radio, por la directora, de que en este proceso sea una realidad sin treguas.
Al parecer de igual forma estarían participando firmas con sanciones impuestas por la DIAN, que se encuentran en firme y no dijeron la verdad en la carta de presentación de la propuesta, para evitar que le descontaran los 10 puntos. Son propuestas que deberán ser rechazadas por ocultar y decir bajo la gravedad de juramento lo contrario, conducta raya con lo penal. Empresas que participan en contratación con el estado con RUP diferentes, acomodándose al momento y a su conveniencia, jugándole sucio al país y a la Supersociedades donde reporta estados diferentes a los RUP. Cabe destacar que aquí no puede aplicar el principio de buena fe, para las empresas que quieren hacerse a unos contratos mintiéndole a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
Suspensión del Proceso
Algunos proponentes de procesos anteriores, utilizando los entes de control lograron suspender el proceso y así contar con el tiempo necesario para que su RUP les quedara en firme y poder cumplir con la exigencias del pliego, algunos corrigiendo y otros modificando.
Experiencias Acreditadas
En el afán de cumplir con un requisito que no estaba previsto en el pre pliego, varias empresas acreditaron sus experiencias con contratos sin terminar de ejecutar, incluso poniendo contratos ejecutados por sus socios, lo cual va en contravía a lo requerido por la Cámara de Comercio que es la entidad que certifica el RUP, ya que la experiencia acreditada es aquella que ha ejecutado la empresa, cosa diferente a la experiencia probable que en empresas menores de 5 años, sus socios pueden aportarla.
Al parecer incluso empresas cuyos socios capitalistas son en su gran mayoría menores de edad, otros menores de ocho años, siendo sus padres en calidad de gestores o administradores, podrían estar participando en el proceso, y están aportando esta misma experiencia sin tener participación directa. La pregunta que surge es ¿qué tanta garantía representa para el Estado contratar con menores de edad?
Según fuentes, socios cercanos a personas relacionadas o cercanas a “el Papero” se encontrarían participando del proceso.
Empresas que ya han terminado de ejecutar contratos con la unidad, no están al día con la misma en los establecimientos donde prestaron sus servicios, servicios que tuvieron problemas en su ejecución, siguen participando muy a pesar de muchas quejas presentadas por los mismos internos y que la unidad debería verificar ese hecho.
Como se ve este proceso tiene que dar cuenta de una serie de interrogantes cuyas respuestas se sabrán en la presente semana con la adjudicación.
@redveeduriasver
Lupa a licitación de alimentos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Dom, 29/09/2013 - 15:35
Proceso de contratación de alimentación para los centros penitenciarios y carcelarios del país que por valor cercano a los $300 mil millones, adelanta la Unidad de Servicios Penitenciario