Lo último que se supo fue una idea de reforma a la administración de justicia durante el gobierno anterior con un acto legislativo que se llamó “equilibrio de poderes”, la cual casi toda fue tumbada por chambona por la Corte Constitucional. Ya se habían dado otros intentos fallidos cuando como ministro del interior, Germán Vargas Lleras fracasó con su proyecto de reforma a la justicia. El ciudadano de a pie lo que entendía era que si la justicia cojeaba la reforma estaba completamente parapléjica. A esto se sumaban los oportunismos de toda clase, como el de la misma clase política que ante su rotundo desprestigio trataba de voltear el lente hacia la justicia con el fin de que no se pensara en reforma política, la cual saben dónde comienza, pero nunca dónde termina.
Además estaba el oportunismo que siempre deambula por la rama relacionado con las presiones a magistrados desde ciertos intereses que en la mayoría de los casos son ajenos a una perspectiva sobre la correcta administración de justicia o de superar los escollos que recientemente habían logrado afectar a las altas cortes, como el famoso “cartel de la toga” o los emblemáticos casos como el del magistrado Jorge Pretelt, que de una u otra manera habían logrado que la mira sobre la corrupción se dirigiera a la justicia. Ni cortos ni perezosos los políticos más cuestionados enarbolaban banderas de moralidad pública y llegaron a proponer un constituyente para reformar la justicia. Para muchos académicos parecía una obra de… El ladrón grita… ¡Al ladrón!
Sin embargo, una suma de factores como el del inesperado triunfo del presidente Iván Duque sobre Vargas Lleras, quien parecía manejar los hilos en la rama, la alebrestada de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe, la derrota moral de la JEP, la propuesta uribista de unificar las Cortes, entre otros, puso a todos los sectores en una especie de cuarentena de primer grado ante el tema de la justicia. Del manejo que le diera el presidente Iván Duque al asunto dependía que no se abrieran nuevas heridas ni se afianzaran nuevas trincheras en un sector tan vulnerable y significativo en asuntos de institucionalidad. Además, desde que llegó a la presidencia del Consejo de Estado el magistrado Germán Bula Escobar se tiene cierta sensación de que se abrió la puerta a la discusión académica y desapasionada que supera las posturas de barricada.
Hoy todo indica que la tan truncada reforma a la justicia comienza a ver la luz al final del túnel, porque según el propio Bula en entrevista con Yamid Amat, ya existe un principio de acuerdo entre el Gobierno y las altas cortes. Hoy son analizadas unas formulas por el propio presidente del Consejo de Estado Germán Bula Escobar, por la ministra de Justicia Gloria María Borrero, por el el magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero y por el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló; e incluso por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura Édgar Carlos Sanabria. Lo más significativo es que comienzan a desaparecer fantasmas como el de una única corte y por ende el fantasma de que tal propuesta iba con gato encerrado.
Ya hay una aproximación al consenso en que quedarán tres cortes, se eliminaría el Consejo Superior de la judicatura y se aceptaría la propuesta del Consejo de Estado de una Gerencia autónoma. Así mismo se impulsará el método de la tutela vía electrónica y se buscará que el Banco Mundial financie la sistematización de la justicia. Además, se creará el código de conducta judicial y se implementarán medidas que introduzcan un espíritu de moralidad pública como la de las presidencias de altas cortes por solo 2 años y la creación de la Comisión Nacional de Ética; lo mismo que la eliminación de la morosidad judicial llamada “corrupción pasiva de la justicia” y el aumento a 50 años de la edad para ser magistrado.
En ciertos círculos académicos se habla de la oportuna llegada de Bula al escenario de las altas cortes. Su talante político y su vocación de jurista han logrado que este abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en la Universidad Nacional y en el Instituto de Altos Estudios de Madrid y con una vida pública que incluye haber sido Ministro de Educación, Vicecontralor General de la República y director del Incora entre otros, le ponga en cierta medida un polo a tierra a la forma de enfrentar la percepción ciudadana de la justicia. Desde su experticia como árbitro de la Cámara de Comercio sabe que una reforma a la justicia debe ser holística y que no puede ignorarse que los errores no emergen espontáneamente, sino que son producto de procesos involutivos.
Es de las pocas personas que saben a ciencia cierta que no fue un acierto haberle dado estatus de corte al Consejo Superior de la Judicatura y por eso impulsa su rediseño hacia un mecanismo adecuado, eficaz y eficiente. En las tres jurisdicciones, la ordinaria, la contenciosa administrativa y la constitucional existe hoy plena voluntad para mejorar la “justiciabilidad” y tanto los presidentes de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional han encontrado en el presidente del Consejo de Estado un aliado en la búsqueda de retomar el rumbo que inspiro la Constitución del 91 sin renunciar a la autonomía del poder judicial, pero ejerciendo el autocontrol para evitar las extralimitaciones del mismo. Pero sobretodo coinciden en que no se puede sobrevivir democráticamente si el ciudadano no siente que la justicia funciona.
Las altas Cortes y el Gobierno y concretamente la nueva ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se han reunido para hablar sobre una reforma a la justicia en donde se han planteado temas espinosos como la creación de jueces especializados para la corrupción y cómo terminar con la ley de Justicia y Paz. Además de compartir opiniones sobre la forma de desarrollar una reforma en el sector, que incluyen cerca de 11 puntos sobre reformas constitucionales y 14 sobre reformas legales para el sector justicia. En estos encuentros han participado, aparte de los magistrados presidentes de las altas cortes, el presidente del Consejo superior de la Judicatura y el Fiscal Néstor Humberto Martínez. Todos a una coinciden con la frase del procurador Fernando Carrillo en que si no se hace ya una autoreforma a la justicia llegará la "guillotina de la constituyente”.
Con todo y dificultades, el más optimista parece ser el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, quien piensa que se ha avanzado y no en pocas cosas como la forma de fortalecer a las primeras y las segundas instancias y de cómo reforzar a las altas cortes como órganos de cierre. Cada vez la participación ha sido más incluyente y a la mesa también llegaron el Secretario General de la Presidencia de la República Jorge Mario Eastman y el representante de los funcionarios y empleados en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Luis Fernando Otálvaro. Todo indica que en menos de lo que se imagina el propio Vargas Lleras que ya presentó su proyecto de reforma a la justicia, el gobierno y las cortes llegarán a un acuerdo sobre una reforma viable, sostenible y confiable. O sea que podemos cantar Habemus Reforma.
