El presidente Santos no termina de sorprender: día por medio muestra su lado más oscuro y hace lo que se le viene en gana: pisotea y ultraja la Constitución y la Ley a su antojo, convencido de que nada le ocurrirá. La diferencia entre el tirano venezolano Nicolás Maduro y la “joya” que tenemos como gobernante los colombianos estriba en las formas, porque, en lo sustancial, ambos mandatarios son muy similares. Aunque a estas alturas (reconozco con horror) me quedo con Maduro: por lo menos ese bárbaro no posa de lo que no es, mientras que Santos se muestra como un caballero y un demócrata, cuando en realidad es un bribón.
Santos se acostumbró a robarse las decisiones democráticas, con la complicidad de jueces y periodistas acomodados y vendidos. El primer despojo ocurrió a mediados del año 2012, con la reforma a la justicia aprobada por el Congreso a través de un acto legislativo, que fue objetado inconstitucionalmente por el presidente, sin tener la potestad para ello. La excusa de Santos: “La norma no me lo prohíbe”. Olvidó nuestro nobel mandatario que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que expresamente les indique la ley. Se conoce como principio de legalidad.
Por tratarse de una reforma impopular, la actitud dictatorial de Santos fue aplaudida por la galería y respaldada por la Corte Constitucional, a sabiendas de que en estricto derecho era torticera. Así empiezan los grandes desafueros del malasangre que nos correspondió por presidente. Y, como vaca brincona no olvida el portillo, luego vino una reelección llena de trampas y corrupción a tutiplén: con la plata de Odebrecht y el montaje del Hacker, auspiciado por el abominable Montealegre y las maquinarias putrefactas del Congreso, Santos le robó la presidencia a Oscar Iván Zuluaga, y otra vez los áulicos del régimen aplaudieron, con la excusa del cuentico de la paz.
Metida la mano, metido el brazo: el 2 de octubre de 2016, pese a que el pueblo mayoritariamente dijo “NO” a los espurios acuerdos de La Habana, Santos y sus cómplices “enmermelados” del establecimiento político, mediático y judicial acordaron desconocer los resultados electorales y se robaron también el plebiscito.
Hoy, cuando los congresistas se percatan de que ya no hay “mermelada” y de que hacer parte del peor gobierno de la historia de Colombia puede afectar sus votaciones en marzo, y por fin quieren ejercer sus funciones, las mismas que no han cumplido en 7 años, aparece otra vez Santos a violentar, desconocer y robarse una decisión soberana del órgano legislativo. El presidente, acostumbrado a arrogarse funciones que no le son propias, escupe ante los medios las mentiras de las que tanto gusta: según Santos, el senado aprobó las 16 curules que le dio a Timochenko (no a las victimas, eso es un parapeto), pese a que el proyecto no alcanzó las mayorías constitucionales exigidas para la aprobación del mismo.
¿Será que el Congreso y la Corte Constitucional permitirán nuevamente que Santos no robe a los colombianos para darle a las Farc? ¿Hasta cuándo seguirá el presidente destripando a la gente de bien para regalarle gabelas a los bandidos?
La trampa, la mentira y la ilegalidad son las constantes del régimen. El legado de Santos es de una perversidad inusitada.
La ñapa I: El anodino ministro del interior, es pro-Farc a morir. Tranquilo, doctor Rivera, salga del clóset con confianza, que en Colombia adorar los métodos criminales de la guerrilla se ha vuelto una virtud.
La ñapa II: Claudia López entró en crisis porque tiene la impresión de que Sergio Fajardo no le dará la vicepresidencia. Por eso, la grandilocuente senadora puso contra las cuerdas al vendedor de humo y matemático. Fajardo sabe que López le puede restar mucho, y por eso solo la utilizó para hacer el trabajo sucio: recoger firmas y ponerla a pelear hasta con la sombra, pero, al parecer, hoy la deja abandonada a su suerte. Solo puedo decir esto: Sergio y Claudia se merecen el uno al otro.
